La Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos es una de las organizaciones más antiguas y con mayor trayectoria en Colombia, en la defensa de los derechos humanos. Esta organización no gubernamental se ha destacado por una labor constante y profesional en la atención de la población carcelaria del país, lo mismo que el acompañamiento a sus familias y a las distintas situaciones donde se han puesto en riesgo los derechos humanos en Colombia, como la protesta social.
Desde el año 2021, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha sido objeto de amenazas constantes mediante panfletos, mensajes y ataques violentos. En septiembre de 2021 fueron amenazadas Flor Múnera, coordinadora de la seccional Tolima de la Fundación, lo mismo que Deivi Flores abogado de la seccional Atlántico de la misma organización (https://ojopublico.com.co/2021/12/03/continuan-las-amenazas-a-integrantes-del-comite-de-solidaridad-con-los-presos-politicos/). En noviembre de ese mismo año fueron amenazados Walter Agredo, coordinador de la seccional Valle, y Adriana Lizarazo, coordinadora de la seccional Santander. En diciembre, fue asaltado y amenazado con armas Juan David Rivera, miembro de la Fundación, en inmediaciones de su lugar de residencia.
Todas estas amenazas son posteriores al Paro Nacional o Estallido Social de 2021, el cual demandó ingentes esfuerzos de organizaciones como la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, para ejercer veeduría y acciones de protección de los derechos humanos, ante las actuaciones irregulares de agentes estatales. En todos los casos, las agresiones violentas las hacen a nombre de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, grupo sobre el cual la Fiscalía de Colombia y el Estado colombiano no ha avanzado en clarificar estas y otras violencias contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Estas agresiones violentas coinciden en su discurso de odio con las acusaciones y estigmatización que irresponsablemente han liderado figuras de la ultraderecha política como la senadora María Fernanda Cabal a quien le pacere que la labor de acompañamiento a personas detenidas es algo indebido.
El ciclo de violencia contra la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos parece continuar, nuevamente con amenazas dirigidas contra la coordinadora de la seccional Santander, Adriana Lizarazo, recibidos a su teléfono personal el pasado 28 de enero. Los mensajes amenazantes constan de fotos de paramilitares fuertemente armados, fotografías de defensores de derechos humanos de la Fundación, fotografías de Adriana Lizarazo y un comunicado donde amenazan a varias organizaciones de derechos humanos, desplazados, ambientales, campesinas y gremiales de la región del Magdalena Medio y Santander.
Rechazamos estas agresiones sistemáticas contra la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos y demás organizaciones de Santander y el Magdalena Medio. Dicen los paramilitares que estas personas están afectando sus intereses, cuando su labor ha sido sólamente velar por la garantía de los derechos humanos, reconocidos ampliamente por la Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La movilización y ejercicio de los derechos humanos no puede ser causa de persecusión y muerte. Por tal motivo, exigimos a la Defensoría del Pueblo, Personerías, los gobiernos nacional y departamental, que tomen medidas urgentes y suficientes para detener el accionar de este grupo paramilitar y garantizar el disfrute de los Derechos Humanos a las organizaciones sociales y pobladores del Magdalena Medio y Santander.
COMITÉ EJECUTIVO CUT SANTANDER
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