La función que cumplen las empresas de seguridad privada requiere de especial atención por parte de la sociedad, debido a que en el contexto del conflicto armado colombiano, se han observado casos donde estos cuerpos actúan de manera contraria a los mandatos constitucionales protección de los derechos humanos.
El pasado viernes 3 de febrero, en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, realizó un evento de firma del convenio entre tal entidad y el Ministerio del Trabajo acerca de la formalización del sector de la vigilancia y seguridad privada.
Delegados del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de los Trabajadores CUT Santander, participaron activamente de este evento, que resulta sumamente pertinente teniendo en cuenta que la reducción de la informalidad laboral y la formalización de las relaciones laborales, han sido una propuesta histórica de las organizaciones de la clase trabajadora.
Pero además de esto, la CUT Santander como entidad que promueve la defensa de los Derechos Humanos, cuestionó las actuaciones de algunas empresas o prestadores del servicio de vigilancia, quienes se han visto envueltos en prácticas a todas luces irregulares.
La CUT Santander realizó denuncias el 9 de junio de 2021, por las amenazas proferidas por las Autodefensas Gaitanistas en contra de los dirigentes sindicales Leonardo Arciniegas, Ruby Vargas y Oscar Suárez, bajo la excusa de que estaban generando actividades de izquierda en la empresa de vigilancia privada encargada de la seguridad en el Instituto Colombiano de Petróleos (https://cutsantander.blogspot.com/2021/07/graves-amenazas-de-autodefensas.html)
Así mismo, la dirigencia de la CUT Santander puso en conocimiento del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia, informaciones de denuncias recibidas por la organización sindical acerca de patrullajes conjuntos entre organismos de seguridad privada y agentes estatales en algunos sectores del departamento de Santander.
El pasado 23 de enero, un grupo de vigilantes informales asesinó a golpes de palo a un joven en el barrio Los Cisnes de Piedecuesta (https://www.vanguardia.com/judicial/vigilantes-informales-fueron-capturados-por-causar-la-muerte-de-un-joven-en-piedecuesta-YC6172166). Este tipo de grupos abundan en casi todos los barrios de Bucaramanga y su Área Metropolitana, y operan con la complacencia de las autoridades generando cobros informales a comerciantes y familias.
Frente a estas denuncias, la posición de la Superintendencia fue la de justificar los apoyos de las empresas de vigilancia privada a agentes estatales en el marco de las redes de cooperantes para la seguridad ciudadana. Esta explicación no deja de causar preocupación, pues hay que recordar que uno de las peores decisiones que tomaron las Fuerzas Militares y de Polícia en Colombia, fue involucrar sistemáticamente a civiles en el desarrollo de su función de garantía de la seguridad.
Por tanto, la CUT Santander saluda y felicita la celebración de convenios entre entidades estatales, orientados a la reducción de la informalidad labora. Sin embargo, también llama la atención sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para regular la operación de grupos de vigilancia privada informal y prevenir todo tipo de conducta irregular por parte de empresas formales de seguridad que pudieran causar riesgos para los Derechos Humanos en entornos laborales y frente a la comunidad.
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