Debido a la grave situación de Derechos Humanos que afecta la región del Magdalena Medio, desde el pasado lunes 23 de enero, organizaciones y comunidades campesinas tomaron la Ruta del Sol a la altura de la Lizama y consiguieron un acuerdo con el gobierno nacional para declarar la "Emergencia Humanitaria" y empezar a tomar decisiones de fondo frente a la problemática.
La Revista Raya presentó el pasado 25 de enero un completo reporte con las denuncias de las comunidades campesinas del Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Sur y Centro del Cesar, quienes aportan testimonios de pobladores que demuestran la actuación impune del paramilitarismo en la zona (https://revistaraya.com/rearme-paramilitar-en-el-magdalena-medio-un-matrimonio-entre-terratenientes-y-fuerza-publica)
Los casos son aberrantes, pues aparte de sembrar de miedo a toda una región históricamente sometida al abandono y la violencia, además ha costado la vida de varios líderes sociales cuya única labor ha sido la defensa de los derechos humanos, el territorio y el medio ambiente en sus poblados. El mencionado reporte, evidencia un contexto sumamente delicado: grupos paramilitares que confiesan sus alianzas con el Alcalde de Barrancabermeja, terratenientes que hostigan y estarían detrás del asesinato de los líderes sociales Teófilo Acuña, Jorge Tafur y José Quiñónez, entre otros, así como la presunta complicidad de unidades militares para permitir la instalación de campamentos paramilitares en el caso urbano de San Pablo.
Y es que las amenazas y desplazamiento contra líderes socioambientales, se ha vuelto recurrente en el Magdalena Medio, como se observa en los últimos años en los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches, Barrancabermeja y otros de la región. El caso más reciente es la difusión de varios panfletos amenazantes desde el día 13 de enero, en contra de las mujeres y hombres líderes ambientales que se oponen al proyecto minero de carbón de la empresa COLCCO en la región de Chucurí (https://cutsantander.blogspot.com/2023/01/alerta-temprana-amenazas-contra-lideres.html).
Desde el pasado 23 de enero las comunidades campesinas de la región Dos Ríos se ubicaron en la zona de La Lizama para pedir el desmonte del paramilitarismo, el cese al exterminio de líderes sociales y garantías para la vida y permanencia en sus territorios. Ante el bloqueo de la Ruta del Sol, los escenarios de diálogo tardaron en abrirse por parte del gobierno colombiano. Durante toda la semana se conocieron numerosas situaciones que pusieron en grave riesgo la vida y seguridad de los manifestantes, como por ejemplo, las presuntas reuniones entre camioneros y agentes estatales para lanzar violentamente vehículos contra los campesinos, lo mismo que la actuación de presuntos jefes locales paramilitares en grupos de choque contra las comunidades campesinas.
Gracias a la presión ciudadana y la persistencia de estas comunidades campesinas que anhelan vivir en paz en sus territorios, mediante el diálogo se logró un acuerdo con representantes del alto gobierno nacional ayer 26 de enero. Algunos puntos del acuerdo firmado por representantes del gobierno, manifestantes y garantes, consisten en:
- El gobierno reconoce que en Colombia existe una crisis humanitaria en los territorios y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, entendido este, no sólo desde el punto de vista militar, sino político, cultural, económico y social. El gobierno reconoce que ha existido por décadas un proceso genocida contra el movimiento popular en Colombia.
- Las partes van a concertar una hoja de ruta para abordar la declaratoria de emergencia humanitaria y atención de sus causas.
- El gobierno brindará las garantías para el retorno seguro de los manifestantes a sus territorios.
- El retorno estará monitoreado por funcionarios el alto gobierno, MAPP-OEA y ONU.
- Las comunidades abrirán el paso en la vía gradualmente desde la noche del 26 de enero.
Felicitamos el ejercicio de movilización de las comunidades que históricamente habían sido desatendidas y hoy encuentran condiciones menos desfavorables para que el alto gobierno resuelva sus problemáticas. La garantía de los derechos humanos es una obligación internacional de primera prioridad para el Estado colombiano, por lo que no es posible que siga imponiéndose el miedo en los territorios mediante el paramilitarismo, la permisividad de agentes estatales, las agresiones de la fuerza pública contra manifestantes, las amenazas, los atentados, la persecusión, la judicialización y el desplazamiento.
Saludamos el tratamiento respetuoso que se ha dado a la protesta social por parte del alto gobierno, que ha mostrado consistencia en una política de no represión y promoción del diálogo. ¡Nunca más un gobierno que dispare, atropelle, golpee, asesine, desparezca y aterritorice a la ciudadanía que protesta!
Solicitamos al gobierno nacional y las instituciones del Estado colombiano encargadas de velar por la protección de los Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo, entre otras, a que actúen con celeridad, coherencia y una voluntad política en favor de la dignificación de la vida de la población campesina de Colombia, que ha sido recientemente reconocida por la ley colombiana como sujeta de derechos.
COMITÉ EJECUTIVO CUT SANTANDER
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