Al operativo realizado por el Ejército de Colombia en Puerto Leguízamo, Putumayo, hay que llamarlo con el nombre verdadero: masacre. El asesinato de 11 personas, entre ellas un menor de edad, una mujer embarazada, un gobernador indígena y miembros de una Junta de Acción Comunal, demuestran que el criterio rector de las operaciones de las Fuerzas Militares de Colombia es la rentabilidad monetaria la cual se sustenta con la muerte.
Columna de opinión del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
18 de abril de 2022
Sobre los hechos, las comunidades del Putumayo tienen una versión completamente diferente de la entregada por el General Eduardo Zapateiro, para la población, unos hombres de negro asesinaron a algunos de los asistentes a un bazar comunitario en la vereda Alto Remanso, recibieron el apoyo del Ejército y además manipularon la escena del crimen, sometiéndolos a un estado detención forzosa donde les prohibían mirar hacia el lugar de los hechos.
Pero ya no es sólo la comunidad la que denuncia las irregularidades, sino que también periodistas de medios reconocidos a nivel nacional como El Espectador, detectaron una serie de irregularidades: manipulación de la escena del crimen, robo de dinero por parte de los militares, mentiras por parte del Ministro de Defensa y el propio comandante del Ejército que en principio dijeron haber capturado a unos guerrilleros, versión que luego desmintió la Fiscalía.
El General Zapateiro se ha esforzado durante estos días para justificar lo injustificable, como informó El Espectador: “Todo el personal (los muertos) era parte de una estructura, las cuales tienen dos componentes: uno en armas y otro en apoyo. El componente de apoyo también se convierte en componente en armas” - dijo. Con esas palabras, quiere legalizar la idea de los “guerrilleros de civil” que impusieron Carlos Castaño y algunos líderes políticos del uribismo, razón por la que hay que matar civiles que desde la lógica de ellos son funcionales a los grupos ilegales.
Este caso recuerda una entrevista hace unos años a un campesino donde le preguntaban que qué opinaba sobre la pena de muerte y el campesino respondía desde la realidad de su región: “opino que ojalá la quiten en Colombia.”
El General Zapateiro, además justifica que sus hombres dispararan contra un bazar comunitario, pues dicen haber actuado con base en información de inteligencia, pero olvida que en los fundamentos del Derecho Internacional Humanitario considerados desde los Convenios de La Haya prevalece la protección de la población civil contra los ataques militares, por eso está prohibido que una operación militar se realice si ella pone en riesgo a civiles, más aún si se trata de una cantidad numerosa reunida en una actividad comunitaria.
Esto es tan criminal como si el Ejército de Colombia cogiera un cilindro bomba y lo lanzara contra una iglesia llena de civiles, bajo la idea de que su inteligencia le decía que allí habían miembros de una estructura ilegal.
Señores Ejército de Colombia, el Derecho Internacional Humanitario es para aplicarlo en el diseño y mando de las operaciones militares, no para archivarlo en los libros de la doctrina militar Damasco.
Pero al parecer no se trata de un problema de desonocimiento sino de principios, pues con el Ejército pasa como con la salud, el medio ambiente, la infraestructura, como todo en el neoliberalismo: lo importante no es prestar un servicio a la comunidad sino obtener la mayor rentabilidad posible (bajas)
El General Zapateiro manda con el ejemplo, pues su liderazgo está marcado por su paso por la Segunda División del Ejército donde empleó las armas y mentiras para sabotear protestas campesinas y ambientalistas como las del Páramo de Santurbán; además que fue la cabeza de una de las unidades militares que tiene más cuentas pendientes con los tratados internacionales de Derechos Humanos, como lo demuestra la historia en los casos de La Rochela, la Operación Berlín, los falsos positivos de Ocaña y miles de casos más.
En un nuevo gobierno del cambio, los movimientos sociales exigiremos a las instituciones que se emprenda un cambio en la doctrina militar donde primen los derechos humanos y el respeto a la protesta social, donde se elimine la corrupción perpetua que ha consumido la dignidad de las Fuerzas Militares, y que democratice su composición para que no siga siendo una fuente de riqueza para unos pocos a costa de la vida de miles de personas inocentes.
Colombia: ¿potencia mundial de la vida o maquinaria monumental de la muerte?
*Foto: LaKalleBlu
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