Hoy, 24 de noviembre de 2021, se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. Esta fue la culminación de un proceso de acercamientos y posterior diálogo en donde los jefes de dicha guerrilla y los representantes del Estado pactaron un sólo acuerdo compuesto de varios capítulos a su interior:
- Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC.
- Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”
- Acuerdo Solución al problema de las drogas ilícitas
- Acuerdo Política de Desarrollo Agrario Integral. Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
- Acuerdo Participación Política. Apertura democrática para construir la paz
- Acuerdo Implementación, verificación y refrendación
Las FARC-EP desmovilizaron 13.202 combatientes, de los cuales, hasta 2019, el 98% se mantenían en el proceso de reincorporación (https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN%20en%20cifras%20corte%20febrero%202019.pdf) Esta fuerza conformó un partido político legal, el cual accedió a 5 puestos en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, con las cuales aseguran su participación durante dos períodos legislativos.
Por su parte, el estado colombiano ha venido tomando medidas desde el poder ejecutivo y el Congreso, orientadas a garantizar la implementación de los acuerdos. Una parte de ello tiene que ver con la entrada en funciones y desarrollo de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, instancias claves para los temas de verdad, justicia y víctimas, los cuales han hecho grandes esfuerzos aún en contra del accionar de sectores políticos que se oponen a sus labores: la JEP ha realizado más de 50 mil diligencias, la Comisión de la Verdad ha procesado más de 25 mil testimonios y 800 informes (https://comisiondelaverdad.co/images/brochure_5.pdf)
Pero todos los informes de seguimiento resaltan que la violencia directamente relacionada con la guerra que libraba las FARC-EP contra el Estado colombiano disminuyeron, sin que en general el país dejara de padecer en las regiones altos niveles de violencia: según el datos de la Fundación Ideas para la Paz, entre 2015 y 2020 se pasó de 128 a 193 combates (para los meses de octubre a septiembre de cada año) en los cuales se ven involucradas las Fuerzas Militares; los asesinatos de miembros de las Fuerzas Militares llegaron a su nivel más bajo en 20 años, pasando de 468 en 2009 a 101 en 2019; y resulta contradictorio que la tasa de homicidios haya aumentado en los municipios PDET (aquellos priorizados para la implementación de los acuerdos) entre los años 2017 y 2019. ((https://www.ideaspaz.org/publications/posts/1928)
Pero además, a este panorama se debe sumar que más de 300 excombatientes de las FARC-EP, desmovilizados, firmantes de los acuerdos de paz, así como ya casi 1.000 líderes sociales, han sido asesinados durante los 5 años que lleva el acuerdo. Además, las víctimas de masacres han aumentado cuatro veces en dicho período, según informa Fundación Ideas para la Paz. La violencia en contra de reclamantes de tierras, liderazgos sociales, sindicales y políticos alternativos, así como la cantidad de civiles manifestantes por parte de agentes estatales en la protesta social ha crecido: tan sólo en el marco del Paro Nacional 2021 se tiene registro de 80 asesinatos en los que están involucradas en su mayor parte las Fuerzas Militares (http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/)
Con todo ello, se puede afirmar que el Acuerdo de Paz no ha favorecido el avance en la garantía de los Derechos Humanos pues al pueblo humilde y sencillo lo siguen violentando. Para la muestra está el eje transversal de género, en torno al cual no se ha juzgado ni un solo caso de las miles de mujeres violentadas física, sexual y sicológicamente en el contexto de la guerra. Pero además, el acceso a derechos, como se había contemplado en el punto de Reforma Rural Integral, lo mismo que el manejo del problema de los cultivos de uso ilícito, no reportan avances. El balance, entregado el pasado mes de septiembre acerca del cumplimiento de los puntos clave del acuerdo es el siguiente:
Tierras y alternativas de producción:
Prometía realizar una Reforma rural integral que democratizara la propiedad sobre la tierra y disminuir su concentración en pocas manos. Sin embargo, los faltantes son más que los avances, en gran medida por falta de voluntad política del Congreso de la República y el poder Ejecutivo, encargados de operativizar lo pactado en tierras:
- El Estado ha entregado 0,08% de las 3 millones de hectareas definidas en el punto de Reforma rural integral.
- De 36 normas que se requieren para implementar el punto de Reforma rural integral, sólo se han expedido 15.
- El 63,9% de los excombatientes no están vinculados a un proyecto productivo.
Superación de las inequidades:
Hay poco avance en este tema, donde aquellos municipios que más sufrieron con la violecnia y el abandono estatal, siguen en un alto estado de vulnerabilidad:
- Mientras debido al COIVD-19 el número de empresas creadas a nivel nacional se redujo en 6,7%, en los municipios priorizados con en enfoque territorial de paz (PDET) las empresas creadas se redujeron en 49,8%.
- Para implementar el enfoque territorial consignado en los PDET, solo se han expedido 3 de las 16 que hojas de rutas requeridas.
- Entre 2019 y 202 aumentaron 36,9% la cantidad de hectareas deforestadas en la región del Amazonas .
(Datos de https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/704-sexto-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia-para-los-verificadores-internacionales.html)
La voluntad política para llevar a cabo el cumplimiento de los Acuerdos se puede verificar en la desfinanciación de la paz, la cual contemplaba en principio 129,5 billones de pesos de distintas fuentes, pero que carece de recursos efectivos. La mayor parte de los recursos (37%) corresponden al Sistema General de Participación los cuales tienen una destinación específica a la salud, educación y agua potable de las entidades territoriales; además, los recursos destinados a proyectos relacionados con el problema de la distribución de la tierra, han disminuido en entre 2017 y 2021. (https://razonpublica.com/ha-pasado-los-recursos-destinados-al-acuerdo-paz/)
Adicionalmente, las comunidades de las regiones rurales más apartadas siguen en alta vulnerabilidad, ante la presencia de mafias del narcotráfico con presencia armada en el territorio. El 98% de los cultivos de uso ilícito fue levantado por las familias de dichas regiones, pero paradójicamente recién firmado el Acuerdo de Paz, aumentó fuertemente la cantidad de Hectareas de coca, llegando a 140 mil Hectareas en 2016 y a 171 mil en 2017. Aunque los registros apuntan a que la cantidad de coca en Colombia va disminuyendo lentamente, lo cierto es que los planes alternativos de desarrollo sólo han comenzado en 8 de los 52 municipios de Colombia (https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-paz_denuncian-falta-de-voluntad-pol%C3%ADtica-para-cumplir-acuerdo-de-paz-en-colombia/47059968)
Es así que se puede decir que en Colombia los sectores sociales y alternativos dan muestras de una esperanza inquebrantable de que cese por fin la violencia y se genere una democratización del país la cual apunte a garantizar los Derechos Humanos, el derecho a la oposición política, la superación de las abismales inequidades y soluciones de fondo al problema de la tierra y el narcotráfico. Pero el Estado colombiano no ha dado la talla ante este reto, y hasta la fecha se puede saludar como elemento positivo que los ruidos de la guerra hayan disminuido en algunas regiones, a pesar de que en otras, la situación haya empeorado. La Central Unitaria de los Trabajadores CUT – Santander, sigue comprometida con la construcción de una Colombia en paz, con derechos para todas y todos, sin ejercicio de las violencias que oprimen los Derechos Humanos, con justicia social y democracia efectiva para todas y todos, para ello nos mantenemos en resistencia.
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