Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
29 de noviembre de 2021
Con la firma de acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, hace ya 5 años, uno de los propósitos que se definían allí era la necesidad de avanzar como sociedad en un tratamiento democrático a los conflictos. Por aquellos días, las calles del país se llenaron con la esperanza de no seguirnos matando por pensar diferente, por exigir los derechos, por participar en política o por oponerse a los poderes hegemónicos.
Las organizaciones sindicales teniamos la expectativa de que no se siguiera estigmatizando, asesinando, despareciendo y torturando a activistas y dirigencias sindicales. Hay que recordar que entre los años 1973 y 2020 el movimiento sindical colombiano registra 15.317 violaciones de derechos humanos en su contra con afectaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas. Hay que recordar que durante los 2 gobiernos de Uribe desde la presidencia y el estamento militar se institucionalizó de forma violenta el mito de que sindicalista era igual a guerrillero.
Pues bien, en los acuerdos de Paz quedó establecido un punto sobre justicia en el cual no sólo se aputaba a la reparación y sino también a la generación de condiciones para la no repetición de los hechos victimizantes de las organizaciones sindicales, todo lo cual parte de una actitud democrática para la atención y resolución de conflictos sociales por parte de los patrones y los sectores poderosos de Colombia.
Lamentamos corroborar en la realidad como se ha avanzado poco en dicha materia y aún en Colombia se persigue y estigmatiza a las organizaciones sindicales. Tres casos de este mes de noviembre ocurridos en Santander, lo evidencian:
- El Sindicato de Trabajadores de Notariado y Registro llevó a cabo un cese de actividades ante la posible privatización del servicio público notarial, pero la respuesta de al Superintendencia fue abrir investigaciones disciplinarias a la dirigencia sindical, mentir y manipular a los medios de comunicación. Las presiones llegaron incluso al nivel de amenazar con procesos judiciales a miembros de SINTRANORE. Por fortuna, la presión social y la justeza de la causa de SINTRANORE obligaron al Ministerio del Interior y Supernotariado a abrir un diálogo y hacer un acuerdo con la organización sindical, en aras de un tratamiento dialogado al conflicto.
- Robinson Jimenez murió el 8 de noviembre; él era presidente de la Asociación de Taladreros en Puerto Wilches y recibió disparos de sicarios en Barrancabermeja, en medio de una situación conflictiva por una serie de cambios que desea implementar ECOPETROL a algunas secciones de la operación, ante las cuales la Unión Sindical Obrera, de la que hacía parte Robinson, se ha opuesto.
- Las directivas de la empresa INDUPALMA impidieron el acceso de delegadas del Ministerio del Trabajo a sus instalaciones, quienes desarrollarían unas visitas de inspección laboral, de acuerdo a como les ordena la normativa vigente colombiana; incluso se impide el acceso de dirigentes de SINTRAPROACEITES a la planta dicha empresa, violando con ello todas las normativas nacionales e internacionales en materia laboral y de Derechos Humanos, respecto al derecho de organización que le asiste a las trabajadoras y trabajadores.
- El 9 de noviembre, medios de comunicación nacionales informan de la absolución en primera instancia del médico HUGO CASTELLANOS CHALELA, de quien hay evidencias fuertes que prueban su responsabilidad en el asesinato de la dirigente CARMEN ELISA NOVA, quien fuera fiscal de SINTRACLÍNICAS en el año 2004.
La situación de Derechos Humanos en Santander empeora cada día más, y la mayoría de situación violentas que se presentan en contra de trabajadores y comunidades, se dan en el contexto de proyectos de minería o extractivismo, lo cual demuestra una vez más lo insustentable y riesgoso de este modelo de extracción de recursos naturales y materias primas. Alertamos a la opinión pública acerca de esta situación, para que como sociedad evitemos revictimizar a las organizaciones de los trabajadores, las cuales en todo el mundo gozan de especial protección. No repitamos la historia de las más de 3.200 personas asesinadas por ser sindicalistas en los últimos 40 años en Colombia; avancemos hacia la paz, con garantías democráticas y de Derechos Humanos.
Foto: Semana.com
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