Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander.
11 de octubre de 2021
Durante los últimos dos años, Colombia ha visto un recrudecimiento de la violencia por cuenta del aumento de las masacres, asesinatos de líderes sociales, la judicialización y persecusión de los mismos, así como la reaparición de grupos de narcotraficantes y paramilitares en distintas regiones. Pero este contexto se agrava más con la decisión política del grupo gobernante de “hacer trizas la paz” e impedir toda acción orientada a la materialización de los acuerdos de paz firmados con las FARC-EP.
Causa gran preocupación que durante este 2021 este contexto haya empeorado, por medio del ejercicio sistemático de la violencia contra la protesta social y los liderazgos alternativos. Por ejemplo, el informe de la Misión SOS Colombia, entregado el 7 de octubre pasado evidencia la continuidad de la represión y judicialización en medio de la total impunidad ante las violaciones a los Derechos Humanos.
Un hecho que no puede pasar desapercibido y que hace parte de esta cadena violencia, es el exilio al que están siendo forzados sistemáticamente los liderazgos críticos del país. Tres casos son bien dicientes.
El primero fue la salida del país del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien ha afrontado en dicho departamento el asedio constante de narcotraficantes, paramilitares y redes de corrupción, todas aliadas en contra de su liderazgo y su movimiento político regional. En el Magdalena detectan un plan inminente para asesinar al gobernador, éste lo denuncia, el gobierno nacional lo desestima y ridiculiza al gobernador, y al contrario de protegerlo, visita al Magdalena condecorando a los corruptos que son socios de la mafia y el narco.
El segundo fue la salida del senador Gustavo Bolívar, quien ha afrontado una campaña de persecusión mediática y judicial bajo la acusación de patrocinar el terrorismo. Hay que recordar que durante el Paro Nacional 2021, este líder político lideró recaudaciones de fondos en pro de dotar de elementos de protección a las primeras líneas que sufrían violentos ataques por parte de la polícia y el ESMAD. La respuesta del régimen ha sido una cadena de amenazas e investigaciones disciplinarias y penales en su contra, lo que ha forzado a este senador a abandonar el territorio nacional.
Y por último, en días pasados se reporta el abandono del país por parte del profesor, médico, columnista, gestor humanitario y defensor de Derechos Humanos, Víctor de Currea Lugo. Este liderazgo se ha caracterizado por asumir una postura crítica frente a la política de paz y relaciones internacionales que maneja el Estado colombiano, y en el pasado ha sido promotor de escenarios de participación en la construcción de la paz, pero también afrontó en los últimos días una campaña de amenazas de muerte y estigmatización, lo que sumado a la desprotección física en que se encuentra, lo forzó a exiliarse.
El fenómeno del exilio no es juego, ni es un privilegio, es un drama profundo que lastima gravemente a las personas en su esfera individual y familiar, y también lastima a la sociedad entera. Para ACNUR el exilio es una situación que afecta gravemente la vida de las personas y sus Derechos Humanos, pues consiste en la separación por la fuerza de una persona de la tierra donde vive. A lo largo del Siglo XX esta forma de destierro fue el último recurso al que tuvieron qué apelar miles de personas perseguidas por regímenes autoritarios como las dictaduras militares de Guatemala, Chile y Argentina.
De acuerdo con dicha agencia, en todo el mundo más de 82 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus lugares de vivienda y de ellas 26 millones son menores de 18 años. En relación con el conflicto armado y la violencia en Colombia, los estimativos oficiales llegan en 2007 a 552 mil colombianas y colombianos refugiados en el exterior, y en 2016 a 311 mil.
Por lo menos, medio millón de colombianas y colombianos tuvieron que huir a causa de la guerra y la gran mayoría de ellas lo hicieron de manera irregular en las zonas fronterizas con Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú y Brasil, lo que las dejó en situación de extrema vulnerabilidad.
Forzar sistemáticamente a que liderazgos alternativos, críticos de las decisiones de gobierno, que hacen oposición haciendo uso de sus derechos políticos, es un acto que violenta los tratados internacionales, afecta los Derechos Humanos de toda la población colombiana y destruye la democracia. Que no le pase a Colombia como a Chile, Argentina o Guatemala, cuyos regímenes ilegítimos recurrieron a la violencia sistemática para echar del país a todo aquel que pensara distinto.
Foto: radiomacondo.fm
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