Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander.
18 de octubre de 2021
De acuerdo a los estimativos de la Organización de Naciones Unidas, 5,5% de la humanidad ha consumido drogas al menos una vez en el último año y de ellas, 36 millones padecen trastornos severos a causa de dicho consumo. En el año 2013 se realizó el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia el cual arrojó cifras alarmantes, como que cerca de 2,5 millones de personas consumían de manera riesgosa o perjudicial bebidas alcohólicas, se estimaba en 839 mil personas las que en ese año consumieron sustancias psicoativas de las cuales el 57% presentaba patrones perjudiciales.
Causa alarma el crecimiento del mercado de drogas, que conforme expande su oferta (tan solo en 2019 se reporta la aparición de 33 nuevas drogas de origen químico y vegetal en Colombia) a la vez descompone la vida de millones de personas y sus entornos sociales, a causa de las adicciones. Pero lo más grave es el descuido en el sistema de salud hacia esta problemática de salud pública, donde no existen alternativas dispuestas como IPS, tratamientos y atención especializada para atender la situación de aquellas personas que resultan afectadas.
En medio de este vacío ha florecido un cúmulo de Fundaciones y Centros de Rehabilitación que hacen de las suyas con la vida de las personas que padecen las adicciones y sus familias. El pasado 12 de septiembre se informó del asesinato de Abraham Josué Chía Robles en la Fundación Bethel ubicada en Bucaramanga, la cual operaba como centro de rehabilitación. Funcionarios de la administración local intervinieron el lugar y lo cerraron al recibir denuncias de tortura, hacinamiento, violencia sexual, tratos crueles y hasta terapias de “re-conversión” para personas con identidades de género y opciones sexuales diversas.
Abraham Josué llevaba pocos días en el lugar y había sido trasladado desde la Fundación Casa de Amor y Paz Emanuel FUNCAPE sin su consentimiento ni el de su familia; dicha fundación estaba ubicada en el centro de Bucaramanga. El pasado miércoles 13 de octubre funcionarios de la alcaldía intervinieron esa entidad ante denuncias recibidas y lo que encontraron fue una población de aproximadamente 150 hombres de todas las edades recluidos contra su voluntad en una sola casa.
¿Qué estaba pasando en las fundaciones FUNCAPE y BETHEL? Se habían convertido en auténticos centros de tortura y limpieza social, donde violaban sistemáticamente todos los derechos humanos de las personas “internas”. ¿Qué encontraron los funcionarios?:
- Los internos se querían ir y cuando intentaron salir, los “colaboradores” los cogieron a palazos reventando sus cabezas. No se les permite ejercer su derecho humano a circular libremente y elegir su lugar de residencia, pues estaban recluidos por la fuerza sin un proceso judicial que fallara en su contra y les dictara orden de captura.
- Tenían una habitación de 2 metros por 2 metros que era un cuarto de torturas donde les aplicaban tratos crueles y los sometían a sufrimientos.
- Tenían un grupo de civiles que les perseguían y secuestraban en cualquier lugar del país y los llevaban a la fuerza hasta las fundaciones.
- Algunos “internos” recibieron daños en sus cuerpos porque les arrobajan candados en la cara y les daban palizas que dejaron sus columnas desviadas.
- Los “internos” no tenían derecho a usar el teléfono y sólo podían recibir visita de un familiar una vez cada dos meses.
- Los “internos” recibían alimentos en descomposición, quemados, mal preparados y en poca cantidad.
- Los “internos” debían pagar 300 mil pesos para que les dieran una colchoneta y las que les dotaban eran usadas, en mal estado y los obligaban a dormir con muy pocas tablas en las camas; todo esto viola el derecho humano al descanso.
- Los “internos” eran obligados a consumir medicamentos sin receta médica, si se negaban les decomisaban toda la ropa.
- A los “internos” les decomisaban su dinero y números telefónicos de familiares de contacto por lo que quedaban en un estado absoluta de indefensión, aparte de que nunca les devolvían el dinero.
El miércoles 13 se desató la furia de estas personas que desesperadas por la cadena de humillaciones y malos tratos se amotinaron para hacerse oir con violencia; no tenían más opción pues seǵun decían “ahora que hablamos con ustedes si se van y nos dejan nos van a castigar peor.” El terrorismo, la tortura y crueldad estallaron y dejaron entrever lo que realmente había detrás de la falsa apariencia que se había contruido en las publicaciones de sus redes sociales.
Ese mismo miércoles 13 hasta la secretaria de FUNCAPE huyó del lugar, el director se escapó golpeado por algunos internos, no respondieron por nada, ni por los contactos, pertenencias o dinero de los “internos”; al mismo tiempo, misteriosamente, alguien mandó a cerrar todas las cuentas de Facebook, Instagram, Página Web y demás medios de la Fundación.
Y la historia sigue, pues el pasado sábado 16 de septiembre se presentó una situación similar en la Fundación Casa de Amor y Fé ubicada en el barrio Comuneros donde murieron quemados 2 “internos” y otros 3 permanecen en estado grave de salud, debido a un incendio. Las personas que estaban en dicho centro de rehabilitación protestaban porque los tenían recluidos en contra de su voluntad y estaban sometidos a maltrato, tortura y tratos degradantes.
La modalidad es la misma: las familias pagan 800 mil pesos mensuales para que les ayuden a rehabilitar a sus seres queridos, y éstos son recluidos contra su voluntad en condiciones violatorias de sus derechos humanos y dignidad. Basta hacer las cuentas para darse cuenta que una fundación como FUNCAPE recogía mensualmente aproximadamente 120 millones de pesos y eso no se reflejaba en condiciones de estadía dignas, ni atención profesional, pues la terapia era básicamente de garrote y tortura.
Hoy queremos alertar al país sobre esta situación que deja al descubierto el funcionamiento de Casas de Tortura en los campos y ciudades de Colombia, bajo la excusa de la rehabilitación, para llenar los bolsillos de algún poder oscuro que les ha asegurado la impunidad. Hay otros centros de rehabilitación con el mismo nombre de Fundación FUNCAPE en ciudades de la costa y Medellín, ¿quiénes están detrás de estos negocios? Las autoridades deben asegurar la protección de los derechos humanos de las personas que padecen adicciones, detener esta red mafiosa de centros de tortura y habilitar los recursos necesarios para que el sistema de salud trate el problema de salud pública de la drogadicción en Colombia.
Fotografía: Blu Radio.
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