Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
6 de septiembre de 2021
El pasado 2 de septiembre en el Teatro al aire libre “José Antonio Galán” de la Universidad Industrial de Santander, por convocatoria de la Comisión de la Verdad, se llevó a cabo un acto de reconocimiento de las Universidades de Colombia como víctimas del conflicto armado.
Duele profundamente oir los testimonios de todas aquellas víctimas que durante largos años soportaron tanto daño, por el simple hecho de ser parte de una comunidad universitaria y pensar distinto. Destacan los casos de la Universidad de Córdoba, Atlántico, Nacional, Universidad del Valle y Nariño, así como la misma UIS; todas ellas cargan con sus muertos, desaparecidos, perseguidos y atropellados. Mujeres y hombres en representación de dichas comunidades por fin dijeron su verdad y clamaron por justicia.
Es necesario destacar el caso de nuestra querida UIS, que desde los años 60 ha sufrido los rigores de la violencia materializada en decenas de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas y violentadas. En los años 70, de la mano de los militares de la Segunda División del Ejército, la dirección universitaria destruyó la organización estudiantil. En los 80 bañaron en sangre a la Universidad y ahogaron cada nuevo intento del gremio, los trabajadores y docentes por constituirse en sujeto político colectivo capaz de pensar y construir una educación superior a la altura de las necesidades de la región.
Posteriormente, con el despliegue en todo el país del proyecto paramilitar, las universidades fueron objeto de una toma lenta que “combinó todas las formas de poder”: violencia física, amenazas, arbitrariedades, destierro y cooptación de las direcciones universitarias. En Colombia hubo una toma paramilitar de las universidades que costó vidas, capacidades académicas y dolores a toda una generación.
Pero, ¿qué buscaban? Además de callar la rebeldía juvenil y el pensamiento crítico, las direcciones cooptadas por el paramilitarismo se hicieron al control de la contratación, la cual fluía (¿aún?) sin ningún control de la comunidad educativa. Mientras el Ministerio de Educación decía que el presupuesto no alcanzaba para atender las exigencias de los estudiantes que pedían mejor dotación en libros para las bibliotecas, mejores condiciones de bienestar, aumento de la planta docente, entre otros elementos básicos; los jefes de algunos proyectos de investigación se embolsillaban salarios de jeques árabes, como sucedió con el Campo Escuela Colorado de Ingeniería de Petroleos UIS, o los jugosos contratos con empresas de vigilancia y aseguradoras que siguen sin veeduría eficaz, o los negociados de lotes y carros lujosos hechos por exrectores UIS, o el robo de 11 mil millones de pesos en la Universidad Distrital.
En resumen: callaron con balas a los liderazgos pensantes, para impedir el surgimiento de alternativas de universidad que materializaran la democracia y la calidad en la educación, pero además lo hicieron para que les fuera más fácil cometer el robo de los recursos de la Universidad Pública. Esto explica porqué persiste la impunidad en casos como el de Jaime Alfonso Acosta Campos, estudiante asesinado en 2002 por agentes estatales en medio de una protesta contra la imposición de un contrato de vigilancia privada en la UIS; o porqué no ha pasado nada con el proceso de sanción a los responsables del Plan Pistola, complot ocurrido en 2007 entre el rector Jaime Alberto Camacho Pico y un presunto paramilitar en el que acordaron confeccionar una lista de estudiantes que serían asesinados.
Mientras las familias siguen llorando sus desaparecidos y muertos, y esperan justicia, a los victimarios los siguen premiando con proyectos de investigación al servicio de multinacionales y gremios comprometidos en la guerra o los ponen a dirigir la sede Guatiguará de la UIS, como el señor Camacho Pico. La verdad es importante, pero queda incompleta si los responsables no ponen la cara y la impunidad sigue reinando.
Foto: El Espectador.
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