SE ROBAN LA ALIMENTACIÓN, EL INTERNET Y LAS VACUNAS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
13 de septiembre de 2021

En las últimas semanas se ha implementado en colegios públicos distintas metodologías para retornar progresivamente a la presencialidad, lo que es favorable para la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes, siempre y cuando se garanticen las condiciones mínimas. Lxs estudiantes aprenden y crecen como personas si cuentan con lo básico para cuidar su salud, alimentación, materiales, libros y conexión a internet.

Desafortunadamente, el reinicio de clases está lleno de irregularidades y para la muestra, tenemos en Santander cuatro casos aberrantes:

1. En Piedecuesta, fueron suspendidas las entregas del PAE, pues funcionarios de la Secretaría de Educación encontraron que se estaban entregando frutas y productos panificados en estado descomposición, con lo que se perjudican más de 9 mil estudiantes. Las empresas responsables de este suministro son UT Alimentación Escolar Piedecuesta 2021 y la interventora Haverhill SAS, donde solamente esta interventoría se ha gastado 266 millones de pesos que se supone deberían ser para hacer vigilancia al programa.

2. En Floridabanca también suspendieron dichas entregas, porque no había las raciones suficientes para cumplirle a los casi 17 mil estudianes beneficiarios. Hay que recordar que el PAE de Floridablanca ha sido objeto de graves irregularidades y cuestionamientos. En este año 2021, el contrato quedó en manos de Unión Temporal RPC Floridablanca 2021, de propiedad de Mario Rafael Chica a quien los últimos alcaldes le han permitido acaparar el contrato del PAE en detrimento de la alimentación de niñas, niños y adolescentes. Chica es reseñado como empleado de los Hermanos Torrado quienes han sido reiteradamente denunciados en distintas regiones del país por manejar el carrusel de la alimentación escolar; por ejemplo, se quedaron con el PAE del Putumayo en 2019 a través de la empresa Consorcio Alimentos Putumayo 2019 y fallaron en las entregas, sin que ninguna entidad hiciera nada para recuperar los recursos que debían destinarse a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.

3. Mientras la Ministra de las TIC Karen Abudinen renunciaba y dejaba embolatados los 70 mil millones de pesos del anticipo del contrato destinado a la conectividad de las zonas rurales del país; el Ministerio de las TIC dejó sin internet a la escuela rural de la vereda El Guamito desde el pasado 2 de agosto.

4. En los colegios públicos de Bucaramanga se ha promovido el acceso de los jóvenes menores de 18 años a la vacunación, pero apenas arrancaron las jornadas de vacunación y ya están dejando a los estudiantes sin vacunar después de hacer la fila en los sitios destinados para este fin. “Toca tener palanca para que me le pongan la vacuna a mis tres muchachos que son estudiantes y quieren volver a clases”, denunciaba una madre de familia.

Los docentes, estudiantes y comunidad educativa asumieron con compromiso el retorno a clases presenciales. Pero quienes dirigen la política educativa y las mayorías gobiernistas en el Congreso de la República hacen de las suyas con los recursos públicos que deberían asegurar la educación en condiciones dignas a niñas, niños y adolescentes. El resultado de todo esto es un caos en el que se demuestra el abadono estatal hacia la educación: no hay internet, las instalaciones físicas están deterioradas, el PAE llega podrido y las vacunas no alcanzan.

¿Pero quién responde? Eso es lo que más indigna a las colombianas y colombianos: el alto nivel de impunidad donde los responsables de robarle los derechos al pueblo recurren a jugaditas para evadir la verdad, no reparar y seguir haciendo de las suyas.

Ese es el caso de la ex-ministra de las TIC, Karen Abudinen, y sus jefes políticos de la familia Char del Atlántico, quienes simplemente la hicieron renunciar por la presión pública y la rabia de la gente, pero los 70 mil millones nada que los devuelven. Y además, el caso de los Congresistas Richard Aguilar, Edwin Ballesteros y Álvaro Uribe quienes recurren a la jugadita de renunciar a sus curules para evadir la justicia y buscar la protección del Fiscal de bolsillo, donde siguen varios pueblos de Santander padeciendo sin agua, todo porque estos políticos decidieron coger los contratos de caja menor para sus campañas políticas.

Apoyemos a las comunidades educativas, la Federación Colombiana de Educadores, el Sindicato de Educadores de Santander y las organizaciones estudiantiles en la lucha por la educación pública. Tarde o temprano la unidad popular traerá un gobierno que pare los atropellos y garantice los derechos fundamentales.

Esta humillación sistemática a las colombianas y colombianos, esta violación recurrente a los Derechos Humanos debe parar; y para ello abogamos, como defensores y defensoras de Derechos Humanos por la unidad popular, la resistencia, la lucha en la calle y el voto consciente.

Foto: RCN. Huevos con telarañas y gusanos entregaron en el Programa de Alimentación Escolar de Floridablanca.