Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander.
27 de septiembre de 2021
Por estos días se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo final entre las FARC-EP y el Estado colombiano, la cual tuvo lugar en Cartagena. Como siempre, es obligatorio hacer balances:
El punto 1 del acuerdo prometía realizar una Reforma rural integral que democratizara la propiedad sobre la tierra y disminuir su concentración en pocas manos. Sin embargo, los faltantes son más que los avances, en gran medida por falta de voluntad política del Congreso de la República y el poder Ejecutivo, encargados de operativizar lo pactado en tierras:
- El Estado ha entregado 0,08% de las 3 millones de hectareas definidas en el punto de Reforma rural integral.
- De 36 normas que se requieren para implementar el punto de Reforma rural integral, sólo se han expedido 15.
- El 63,9% de los excombatientes no están vinculados a un proyecto productivo.
En cuanto a la disminución de la violencia y la victimización de las comunidades, si bien han disminuido abrumadoramente la cantidad de heridos, muertos y hechos violentos, la otra cara de la moneda es el asesinato sistemático de excombatientes y líderes sociales, así como la violencia en algunas regiones:
- Durante los últimos 5 años, 286 excombatientes desarmados de las FARC fueron asesinados.
- Entre 2018 y 2020 las masacres han aumentado en 175%.
Otro agravante es el poco avance en la superación de las inequidades territoriales donde aquellos municipios que más sufrieron con la violecnia y el abandono estatal, siguen en un alto estado de vulnerabilidad:
- Mientras debido al COIVD-19 el número de empresas creadas a nivel nacional se redujo en 6,7%, en los municipios priorizados con en enfoque territorial de paz (PDET) las empresas creadas se redujeron en 49,8%.
- Para implementar el enfoque territorial consignado en los PDET, solo se han expedido 3 de las 16 que hojas de rutas requeridas.
En el mismo sentido, los conflictos ambientales crecen en dichas regiones; y para citar un ejemplo cercano, en Santander persiste la presión sobre el Páramo de Santurbán que aún se encuentra en vilo ante el aplazamiento y falta de claridad con el nuevo proceso de delimitación de este ecosistema:
- Entre 2019 y 202 aumentaron 36,9% la cantidad de hectareas deforestadas en la región del Amazonas .
Todos estos aspectos evidencian la falta de voluntad de la estructura del Estado para cumplir con las víctimas y liderar los ajustes que requiere la sociedad para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Ahora bien, si no se cumplen estos elementos básicos de una democracia, mucho menos se espera una respuesta adecuada frente a los nuevos desafíos de la realidad global, como los efectos del cambio climático, las demandas por equidad de género, el caos sanitario, los pedidos de la juventud por participación política, la injerencia de poderes supranacionales presentes en el mundo digital, entre otros.
Todas estas situaciones acrecientan los conflictos sociales, lo que exigen de la clase dirigente una actitud democrática para tramitarlos y dar respuesta al sentir popular. De la actitud que tengan los grupos de poder en Colombia depende la construcción de la paz: ¿matar líderes o escucharlos? ¿criminalizar protestas o dialogar? ¿eliminar la oposición política o dar garantías para su ejercicio? ¿concentrar los poderes del Estado o permitir la aplicación de los principios constitucionales ¿criminzalizar a la juventud o facilitar su participación activa como sujetos sociales? ¿orientar a las fuerzas militares y de seguridad como una fuerza de guerra o respetar los Derechos Humanos? Esta es la cuestión de fondo.
Foto: AFP
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