Este documento contiene hechos epidemiológicos ciertos exhaustivamente analizados, advierte de las situaciones que se derivan actualmente de ellos, prevé un comportamiento grave de la pandemia en el futuro en caso de no atender las recomendaciones, que de manera reiterada en diversos escenarios y momentos en el país se han hecho por diferentes profesionales de la salud.
Carta pública sobre evaluación a la situación del Covid-19 en Colombia, suscrita por profesores de medicina, expertos e investigadores en la pandemia en Santander:
Bucaramanga, 5 de febrero de 2021
Con verdadera preocupación y atendiendo a nuestro deber profesional y ético, un grupo de profesionales de la salud elaboramos este documento, para dar a conocer a la población colombiana la situación real que se vive en estos momentos en el país, con ocasión del segundo pico de contagios de SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Este documento contiene hechos epidemiológicos ciertos exhaustivamente analizados, advierte de las situaciones que se derivan actualmente de ellos, prevé un comportamiento grave de la pandemia en el futuro en caso de no atender las recomendaciones, que de manera reiterada en diversos escenarios y momentos en el país se han hecho por diferentes profesionales de la salud.
Todos estos hechos y situaciones tienen un impacto importante sobre la vida y el bienestar de los colombianos y si bien es cierto que los ciudadanos debemos cuidarnos y no bajar la guardia, también es cierto que los tomadores de decisiones definen el rumbo de la pandemia, no solo con las decisiones que se toman, sino también con aquellas acciones que no se implementan o que se difieren de manera injustificada.
Durante los últimos diez meses, Colombia ha sufrido un brote de COVID-19 que, a febrero 4 de 2021, ha resultado en 2,135,412 casos y en la pérdida de 55,131 vidas. Además, ha llevado a pérdidas económicas sustanciales y a un estado persistente de ansiedad y desesperanza en la población general. Es evidente que las estrategias que se han usado en el país para enfrentar la epidemia han fallado y que es altamente probable que la situación actual persista por un periodo prolongado, aun si se inicia de inmediato la vacunación de la población. En esta carta se sintetizan los hallazgos de una evaluación que los autores han realizado de muto propio, sin otro interés que evitar sufrimiento y salvar vidas, y las recomendaciones derivadas de esos hallazgos.
Hallazgos de la evaluación
- La epidemia de COVID-19 en nuestro país se ha caracterizado por dos picos prominentes de casos. En este momento estamos cursando por el pico más reciente, que está generando un número de casos significativamente mayor que el primero, y que podría extenderse por semanas.
- Es importante señalar que el primer pico de COVID-19 fue considerado como concluido cuando el número de casos se había reducido en cerca de un 30% y que este nivel elevado del número de casos se ha mantenido por meses. Desafortunadamente, el descenso inicial del pico fue presentado como justificación para descontinuar las medidas de distanciamiento social y promover el reinicio de actividades sociales y comerciales. Igual situación se está presentando actualmente por la urgencia de la reactivación económica.
- Esta decisión de reactivar las actividades económicas y sociales permitió que el primer pico persistiera en la forma de un nivel elevado y estable de casos nuevos. El retorno a la normalidad es un objetivo fundamental para todos los colombianos. Pero en ese momento y en el momento actual, la gran mayoría de nuestra población no se había infectado y continuaba siendo susceptible a infectarse, lo que se refleja en un alto número de contagios y de muertes, muchos de ellos prevenibles. Además, la reactivación se llevó a cabo sin implementar un programa efectivo para detener la transmisión del virus. Esto dio lugar a la ocurrencia de tres picos adicionales, incluyendo el pico actual.
- Debido a que la gran mayoría de la población continúa siendo susceptible a infectarse y a que no tenemos un programa efectivo para evitar las infecciones, como lo indica la ocurrencia de brotes adicionales, es razonable esperar que rebrotes como el que estamos sufriendo actualmente ocurrirán periódicamente en los próximos meses. La carga de enfermedad y muerte en Colombia continuará aumentando, así como el sufrimiento de los colombianos.
- La letalidad por COVID-19 se ha reducido durante los últimos meses. Sin embargo, continúa siendo muy alta, ya que perdemos 2 a 3 vidas por cada 100 personas infectadas. En el contexto de rebrotes como el actual el número de vidas pérdidas aumenta a niveles que no son aceptables desde ningún punto de vista. Esto ha hecho que Colombia ocupe el 6to lugar en mayor letalidad en el mundo, el 25to lugar en mortalidad en el mundo, y el 4to lugar en mortalidad en América Latina.
- El diagnóstico oportuno de la infección ya sea en individuos sintomáticos o asintomáticos que han sido contactos de un caso confirmado, es un elemento fundamental para controlar la transmisión de SARS-CoV-2. Pese a esto, en uno de cada dos casos en nuestro país la confirmación del diagnóstico por laboratorio ocurre siete días después del inicio de los síntomas o la notificación de contacto.
- Mientras una persona infectada no es diagnosticada, continúa haciendo sus actividades regulares y puede transmitir el virus a otras personas. La oportunidad de reducir la transmisión del virus disminuye por cada día de retraso en el diagnóstico. De acuerdo con nuestros análisis, si un caso se diagnostica a los cinco días, más de 80% de los casos que eran evitables no podrán evitarse. Si el caso se diagnostica a los siete días, más del 90% de los casos que eran evitables no podrán evitarse. Esto quiere decir que, en lo que respecta a controlar la transmisión del virus, la inversión en pruebas cuyo resultado se reporta más allá de tres días después de la infección no tiene utilidad o beneficio alguno, es decir para efectos de control de la transmisión, ese dinero es dinero perdido.
- El retraso en el diagnóstico de la infección no sólo redunda en el incremento de casos nuevos y, por ende, en el número de muertes, al acelerar la transmisión, sino que también incrementa la letalidad. Es decir, incrementa la proporción de personas con COVID-19 que pierden la vida. Una persona con COVID-19 cuyo diagnóstico es confirmado tres días después de haberse infectado tiene una probabilidad de perder la vida que es 43% mayor que una persona cuyo diagnóstico se hace el primer día. Si el diagnóstico se hace al sexto día, su probabilidad de perder la vida se aumenta en un 81% mayor.
- Debido a la alta proporción de personas diagnosticadas después del segundo día y al efecto del retardo en el diagnóstico sobre la letalidad, entre tres y cuatro de cada 10 muertes pudieran ser prevenidas si el diagnóstico se hace en los primeros dos días.
- Adicionalmente a la oportunidad del diagnóstico, el tipo de prueba que se usa para hacer el diagnóstico es de gran importancia. En los primeros meses de la epidemia en nuestro país el diagnóstico se hacía exclusivamente con la prueba de PCR, que es considerada la prueba de referencia o estándar de oro. Sin embargo, temprano en la evolución de la epidemia, se aprobó el uso de pruebas de antígenos para el mismo fin. Estas pruebas llevan a diagnósticos incorrectos de infección por SARS-CoV-2 con una frecuencia inaceptablemente alta. Específicamente, esta prueba falla en identificar la infección en alrededor de 40% de las personas que realmente están infectadas. Por esta razón, las personas que tienen una prueba de antígenos negativa deben recibir una prueba PCR para descartar el diagnóstico. Esta es una práctica inconsistente en el contexto clínico y no adoptada en el contexto del PRASS lo cual contribuye a que personas infectadas, sin saberlo, transmitan el virus a otras personas en su familia y en la comunidad en general.
- Cuando ambas pruebas, la PCR y la prueba de antígenos, se usan en una población, como es el caso del PRASS, la probabilidad de identificar personas infectadas se reduce significativamente. Estas personas continúan transmitiendo el virus a otras personas, sin saberlo, particularmente de su medio familiar. De acuerdo con nuestros análisis, en un contexto como el del PRASS de Bucaramanga, por cada 30 mil personas que se evalúan, aquellas infectadas, pero no identificadas debido al uso de pruebas de antígenos, generan 1,822 casos nuevos al cabo de 60 días. Estos casos serían evitados si no se utilizaran pruebas de antígenos. Este problema se vuelve cada vez mayor a medida que aumenta la proporción de uso de las pruebas de antígenos.
- En poblaciones en las cuales 0.5% a 2.0% de las personas están infectadas, las PCR se pueden procesar por grupos de muestras, lo cual incrementaría la eficiencia de estas entre 30% a 280%, en comparación con la realización de pruebas individuales. Además, el uso de las pruebas PCR en grupo incrementaría el número de personas a las cuales se les hace una prueba entre 4.4 y 13.9 veces. Como se identificaría y se aislaría un número grande de personas infectadas, la estrategia de pruebas por grupos ayudaría en gran medida a detener la epidemia de COVID-19 y a reactivar las actividades sociales y económicas de forma segura y costo-efectiva.
- Nuestros análisis también muestran que el uso de pruebas en grupos de muestras, lo que ha sido validado en la Universidad Industrial de Santander (UIS), sería más costo-efectivo que el uso de pruebas de antígenos. De hecho, en condiciones de igualdad de recursos, se pagan $81,386 por persona evaluada y $13,723,000 por persona infectada identificada. Mientras que usando PCR en grupos, pagaríamos $17,693 por persona y $2,289,430 por cada persona infectada detectada. De manera que, hacer una prueba a una persona cuesta 4.6 veces menos y detectar una persona infectada cuesta 6.0 veces menos usando PCR en grupos que usando pruebas de antígenos.
Recomendaciones
- Durante diez meses el país ha usado estrategias de protección personal y de aislamiento social y restricción de la movilidad para enfrentar la epidemia de COVID-19. La ocurrencia de varios brotes luego del primero sugiere que estas estrategias no son suficientes para detener la transmisión del virus. Además, la estrategia de aislamiento social y restricción de la movilidad tiene un costo económico insostenible. Es necesario que se implementen estrategias para detener la transmisión del virus de inmediato. De otra forma, el sufrimiento, las pérdidas de vidas, y las pérdidas económicas continuarán por muchos meses. En consecuencia, sugerimos que se implemente un programa de detección masiva y aislamiento de personas infectadas. Este programa podría implementarse por medio del PRASS, con base en el uso de pruebas PCR en grupo. El costo de este programa debe ser asumido por las EPS, que hasta el momento han sido subvencionadas por medio del uso de los fondos del ADRES (Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud), dispuestos para costear pruebas diagnósticas en sus afiliados.
- En el transcurso de los diez meses que ha durado la epidemia de COVID-19 en el país no ha habido avance sustancial en la capacidad para detectar y aislar personas infectadas para prevenir la diseminación del virus. El PRASS debería asumir esta responsabilidad, por medio de la masificación de las pruebas PCR, usando pruebas en grupo, y el aislamiento de personas infectadas. Las personas aisladas deben recibir asistencia social para solventar sus necesidades básicas, cuando sus condiciones económicas sean una barrera para asumir el aislamiento. El costo asociado a este soporte debe ser cubierto por fondos sociales que actualmente se destinan a cubrir responsabilidades que fueron contractualmente adquiridas, años atrás, por las EPS.
- La estrategia de aislamiento social y restricción de la movilidad debe usarse racionalmente, a fin de evitar el colapso económico, al mismo tiempo que se preserva la salud, la vida y el bienestar de todos los colombianos. La normalización de actividades que justamente solicita el sector económico solo puede lograrse por medio de estrategias para prevenir la transmisión del virus. Cambiar la intensidad del aislamiento social y de la movilidad, no será sostenible a largo plazo. Sin detener la transmisión, habrá crisis periódicas (brotes) regularmente, que requerirán la intensificación de medidas restrictivas y que, aparte del sufrimiento y la pérdida de vidas, debilitarán aún más el sector de la economía. Sin una estrategia eficaz para prevenir infecciones, el sector económico continuará deteriorándose.
- El brote de COVID-19 que estamos experimentando actualmente es el mayor que haya ocurrido en el país. Es contraproducente, continuar con una estrategia de normalización de las actividades sociales y económicas, sin tener las herramientas mínimas para detectar y contener brotes locales, como los que ocurrirán en universidades y escuelas públicas y privadas.
Cordialmente,
Víctor Mauricio Herrera
Profesor Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB
Leonelo E Bautista
Profesor Asociado, Universidad de Wisconsin en Madison, USA
Luis Miguel Sosa
Profesor Universidad Industrial de Santander, UIS
Laura Rodríguez
Profesora Universidad Industrial de Santander, UIS
Myriam Oróstegui
Profesora Emérita Universidad Industrial de Santander, UIS
Ruth Aralí Martínez
Profesora Universidad Industrial de Santander, UIS y Universidad de Santander, UDES
Lina María Vera Cala
Profesora Universidad Industrial de Santander, UIS
Foto: El Tiempo
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