Columna de opinión de la presidenta de la CUT Santander - Nohora Stella Villamizar Rivera
4 de septiembre de 2023
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En los últimos días, se ha desatado un debate público en torno a la participación de empresas colombianas en hechos relacionados con el paramilitarismo y el despojo de tierras a comunidades campesinas. En este contexto, dos casos han llamado la atención: Cementera Argos y la EPS Emdisalud. Estos ejemplos nos obligan a reflexionar sobre la necesidad apremiante de avanzar en la verdad, la justicia y la reparación en relación con todas las acciones que comprometen a sectores empresariales en el conflicto armado colombiano.
Comencemos con Argos. Desde el año 2016, esta cementera ha enfrentado 22 sentencias relacionadas con la adquisición de tierras en Montes de María. Estos fallos han determinado que la empresa no actuó con la debida diligencia al comprar terrenos de campesinos desplazados por paramilitares. Es importante destacar que estas compras se llevaron a cabo en un contexto de violencia generalizada en la región, lo que hacía evidente la necesidad de una mayor diligencia por parte de la empresa. Además, los precios de compra de estas tierras, según los campesinos, eran notoriamente bajos en comparación con los precios a los que luego se vendieron.
Las sentencias de restitución de tierras han revelado que los campesinos que vendieron sus propiedades lo hicieron debido al desplazamiento forzado, lo que cuestiona la legitimidad de estas transacciones. Esta situación plantea interrogantes sobre la ética empresarial y la responsabilidad de Argos en el despojo de tierras a comunidades vulnerables. A pesar de las sentencias en su contra, la empresa ha defendido su posición, argumentando que actuaron de buena fe y que en ningún momento se opusieron a los procesos de restitución.
Por otro lado, el caso de la EPS Emdisalud es igualmente preocupante. En una declaración reciente ante la JEP, el exsenador Julio Manzur confesó que esta EPS estaba bajo el control de paramilitares y contaba con más de 500 mil afiliados. Sorprendentemente, a pesar de las acusaciones de paramilitarismo y las alegaciones de corrupción, Emdisalud nunca ha sido objeto de una investigación adecuada. La empresa operó durante varios gobiernos y solo en 2019 la Supersalud tomó el control de sus activos, pero esta intervención fue suspendida por una jueza, permitiendo que Emdisalud continuara funcionando.
La falta de acción efectiva contra empresas como Emdisalud plantea serias dudas sobre la voluntad de las autoridades para abordar problemas de corrupción y nexos con grupos armados ilegales. La complicidad o negligencia en estos casos socava la confianza en nuestras instituciones y deja a las víctimas sin el acceso a la justicia que merecen.
Estos casos nos recuerdan la urgente necesidad de abordar las acciones de sectores empresariales en el conflicto armado colombiano. Exigimos la desmovilización del poder económico que, desde la legalidad, se benefició y participó en la guerra. Solo enfrentando la verdad y la justicia podremos cerrar las heridas dejadas por décadas de conflicto y avanzar hacia una Colombia más justa y en paz.
Foto: Agencia de Medios Hoy Noticias
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