Columna de opinión de Derechos Humanos
CUT Santander
10 de abril de 2023
Durante décadas, los sindicatos en Colombia han sido víctimas de violencia sistemática, sufriendo asesinatos, amenazas y desapariciones forzadas. A pesar de esto, el Estado nunca reconoció su estatus de víctimas del conflicto armado. Fue gracias a la lucha y perseverancia de los sindicatos y organizaciones sociales que se logró su reconocimiento oficial el pasado 24 de marzo de 2023, día en que la Unidad de Víctimas expidió una resolución que reconoce "la existencia de los daños colectivos" contra miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y las incluye en el Registro Único de Víctimas.
Es lamentable que haya tomado tanto tiempo y esfuerzo lograr este reconocimiento, pero su reconocimiento oficial es un paso importante. La violencia antisindical y las vulneraciones a los derechos individuales de los trabajadores son un problema grave en muchos países y deben ser abordados por los gobiernos y la sociedad en general.
Las cifras oficiales muestran que entre 1972 y 2022 en Colombia se presentaron los siguientes hechos victimizantes contra organizaciones sindicales: 1920 amenazas contra mujeres, 5730 amenazas contra hombres, 339 homicidios contra mujeres, 1956 homicidios contra hombres, 880 desplazamientos forzados contra mujeres, 1074 desplazamientos forzados contra hombres, 61 detenciones arbitrarias contra mujeres, 719 detenciones arbitrarias contra hombres, 112 hostigamientos contra mujeres, 622 hostigamientos contra hombres, 48 atentados contra mujeres, 386 hostigamientos contra hombres, 17 desapariciones forzadas contra mujeres, 236 desapariciones forzadas contra hombres, 24 secuestros contra mujeres, 171 secuestros contra hombres, 9 torturas contra mujeres, 101 torturas contra hombres, 15 allanamientos ilegales contra mujeres, 58 allanamientos contra hombres.
La gran mayoría de estos hechos no tienen un actor identificado, lo que sugiere una falta de investigación y sanción a los responsables. Además, es preocupante que grupos paramilitares hayan cometido un alto número de estos hechos, así como la participación de la fuerza pública y agentes estatales en algunos casos. Todo esto evidencia la necesidad de garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos de las organizaciones sindicales en Colombia y de asegurar la investigación y sanción de los responsables de estos hechos victimizantes.
El siguiente paso será discutir las medidas de resarcimiento de los daños sufridos por las personas y organizaciones afectadas por la violencia antisindical en Colombia. Se espera que, a través de un diagnóstico participativo y concertado con las víctimas del movimiento sindical, se formulen e implementen medidas de reparación que contribuyan al restablecimiento de sus derechos y garanticen la no repetición de estas violaciones.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha propuesto una serie de medidas reparadoras, incluyendo campañas de promoción de las luchas del movimiento sindical, la aprobación e implementación del Estatuto del Trabajo con participación del sindicalismo, la publicación de historias de las personas y organizaciones afectadas por la violencia antisindical en medios masivos, actos públicos de desagravio, programas de protección efectiva a los líderes sindicales y defensores de derechos humanos, y medidas de reparación judicial.
La reparación para las organizaciones sindicales víctimas del conflicto armado en Colombia debe ser colectiva e integral, y no solo se trata de restituir las cosas a su estado anterior, sino de romper con las condiciones de estigmatización y persecución contra el movimiento sindical. Esto implica devolver los derechos laborales, sociales, sindicales y políticos que se han constreñido y hacer un diagnóstico del daño no solo en las organizaciones, sino también en las comunidades enteras afectadas. Por ejemplo, en el caso de los docentes que fueron víctimas de la violencia, se requieren medidas de reparación, verdad y garantías de no repetición que aborden las afectaciones directas a la educación en los lugares donde trabajaban.
La lucha por la reparación integral y la dignificación de las víctimas sigue siendo una tarea pendiente en la que nos embarcaremos como organizaciones sindicales, dada la importancia de este tema para el conjunto de la clase trabajadora colombiana y la construcción de la paz.
*Foto: Verdad Abierta
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