La corrupción ha llegado a
límites escándalosos, tanto que una reciente investigación de Blu
Radio evidenció la manera como una poderosa red de estafadores se
apropió de aproximadamente 500 mil millones de pesos de los fondos
públicos destinados a la paz. 170 municipios fueron priorizados como
beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), pero los dineros que recibirían fueron objeto de robo por
parte de este grupo de corruptos. Pregunta al Gobernador de Santander: ¿qué pasó con estos dineros en nuestro departamento?
Columna de opinión del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
4 de julio de 2022
Desde hace más de dos siglos Colombia ha estado en permanente estado de guerra, donde una tras otra oleada de violencia ha desangrado al país, eliminado toda oposición democrática, anulado los Derechos Humanos y acrecentado la desigualdad. Por eso, un clamor constante del pueblo colombiano ha sido la construcción de la paz, motivación que llevó a los Acuerdos de Paz firmados entre las FARC-EP y el Estado colombiano.
Pero este proceso tuvo férreos opositores encabezados por el expresidente Uribe y su facción política, quienes lideraron una campaña de manipulación mediática para que a punta de medio ganara el No a la paz en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Los acuerdos se reformaron y echaron a andar, por lo que el uribismo prometió “hacer trizas la paz”.
A partir de esta base, el uribismo ganó las elecciones de 2018 poniendo de presidente a Iván Duque quien fiel a su facción política frenó la implementación de los acuerdos. Desde la jefatura del Estado, ellos han sido enemigos de la paz. No les gustaban los acuerdos de paz pero si les gustó el dinero de los fondos públicos destinados para su implementación en los territorios.
A raiz de estos acuerdos 170 municipios fueron priorizados como beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos fueron los territorios más golpeados por la violencia, con las mayores tasas de victimización, desplazamiento, masacres y heridas causadas por la guerra. Al mismo tiempo, son municipios con graves deficiencias en agua potable, alcantarillado, salud, educación, vías, nutrición infantil, entre otros aspectos básicos de vida.
Por tanto, para contribuir a la superación de las odiosas brechas que discriminan a estos territorios, dentro del Sistema General de Regalías se creó el Órgano Colegiado de Adminsitración y Decisión OCAD-Paz, el cual asignaría recursos para financiar proyectos que cubrieran todas esas necesidades agudas de las comunidades. Los implicados en este manejo han sido el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Renovación del Territorio, la Contraloría y los respectivos Ministerios.
Para los años 2021 y 2022 asignaron a este fondo 23 billones de pesos, de los cuales 247 mil millones correspondieron a Santander. La investigación de Blu Radio dio cuenta de cómo se robaron más de 500 mil millones de pesos de este fondo a través de un sistema mediante el cual los alcaldes confesaron que para lograr la aprobación de sus proyectos debían tener padrino político y pagar por adelantado entre el 6% y el 15% del valor total del proyecto.
Dentro de las investigaciones de la Procuraduría aparece que Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías y Secretario Técnico del OCAD-PAZ, aprobó proyectos sin cumplimiento de requisitos en departamentos como Santander, entre otros.
A los Altos Consejeros presidenciales de Duque no les gustaban los Acuerdos de La Habana, pero sí fueron felices con los dineros de esos acuerdos, que debían ir a las víctimas. Desde esta columna le queremos solicitar al Gobernador de Santander que rinda un informe público acerca de qué destino tuvieron los 247 mil millones de los años 2021 y 2022 que aprobó el OCAD-Paz para el departamento.
Las vías de Santander están llenas de peajes, la de Barranca se ha caido varias veces y en este momento tiene paso a un carril, lo mismo que la vía a Bogotá y la vía Curos-Málaga. Más del 95% de los municipios de Santander carecen de planta de tratamiento de aguas residuales. Los Santos, Oiba, Valle de San José, Suaita, Aratoca, Barichara, Vélez y Málaga siguen sin acueducto; lo mismo que más de 30mil familias de Bucaramanga quienes reciben servicio discontinuo y en condiciones precarias.
*Nota adicional:
Recientemente en la red social Twitter la Procuradora General de la Nación, Margarita Restrepo, pidió la desaparición de la JEP, FECODE y la Comisión de la Verdad, lo que constituye una violación grave a los tratados internacionales de Derechos Humanos, más aún si se tiene en cuenta que el gremio docente ha sido uno de los más altamente victimizados en Colombia. La desaparición de FECODE la planificaron en los años 80 y costó cientos de docentes asesinados, desparecidos y violentados. ¿En cuál país del mundo se ve que un alto funcionario del Estado encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las funciones públicas convoque a la desparición de un sindicato de trabajadores del Estado legalmente constituido?
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