La legislación colombiana es clara en cuanto a la protección de los derechos políticos y garantía de libertad de opinión en todo momento. Presionar, chantajear o tomar represalias contra trabajadores por haber votado por uno u otro candidato, es una conducta que acarrea sanciones legales y no puede ser normalizada en un país que se precia de ser democrático; si usted es víctima de hechos de este tipo, denuncie y nosotros le acompañamos.
Columna de opinión del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
27 de junio de 2022
Desde el inicio del pasado ciclo electoral, cuando ya las encuestas daban el primer lugar en intención de voto a Gustavo Petro, empezó una presión por parte de algunos sectores del poder económico en contra de la libertad de opinión y voto. Una de las primeras manifestaciones fue la llamada “cláusula Petro”, de lo cual aparecieron numerosas denuncias; consistía en una cláusula empleada en el mundo de los contratistas y grandes empresarios mediante la cual las partes podrían deshacer los acuerdos firmados si Petro ganaba la presidencia. Claramente se intentó constreñir el voto mediante el poder económico, pues todo acuerdo contractual firmado bajo estas condiciones incentivaba a las partes a tomar acciones para evitar a toda costa la elección del entonces candidato.
En el plano laboral ocurrió algo similar. Algunos dueños de empresas alentaron el antipetrismo argumentando que si Gustavo Petro era electo presidente, cerraban sus empresas y se iban del país. Con ello pretendían coaccionar a sus empleados: o hacen todo lo necesario para evitar que gane Petro o se quedan sin puesto de trabajo. Una vil extorsión en un país que ronda el 46% de informalidad laboral y carece de opciones para que la gente consiga su sustento diario.
El médico Gabriel Cubillos, director de la Clínica de la Obesidad, declaró públicamente que iba a someter a sus trabajadores a una prueba de polígrafo para corroborar si decían la verdad acerca de si habían votado o no por Gustavo Petro y Francia Márquez: “Después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo. No le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal”.
Del mismo modo, el cofundador del partido político Centro Democrático, Sergio Araujo Castro, manifestó el 16 de mayo en la red social Twitter que: “un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”.
Pero no sólo algunos empleadores incurrieron en esta conducta criminal. También un influencer del uribismo, que preferimos no mencionar, declaró en una conversación masiva de Space (Twitter) que le pedía a los empresarios que echaran a sus trabajadores que habían votado por Petro y Francia: “quiero saludar a quien estaba hablando que tiene una empresa de muebles y me quiero tomar el atrevimiento para hacerle una recomendación, ojalá puedas examinar dentro de tus otros empleados quiénes votaron por Petro, y los que votaron por Petro por favor échalos de tu empresa”.
Y desafortunadamente han pasado de las amenazas a las retaliaciones. Por ejemplo, en el terminal de Bogotá varios empleados fueron despedidos el 30 de marzo por haber revelado que habían votado por Petro en la consulta del Pacto Histórico. La trabajadora Olga Giraldo que distribuía vikingos para la empresa BonIce denunció que le impidieron seguir vendiendo el producto porque ella le pegó a su carrito una publicidad de Petro y la administradora le dijo que la empresa era uribista. El electricista de La Calera, Carlos Julio Martínez, evidenció que no lo contrataron más en una empresa de Bogotá por haber votado por Petro. José Vicente Rosado, ingeniero de iluminación fue despedido por el cantante Mono Zabaleta después de que este lo interrogara sobre si iba a votar por Petro.
Así mismo, la CUT Santander, a través de nuestros canales de denuncia y redes sociales, ha recibido algunas quejas de trabajadores cuyos contratos no fueron renovados o que en medio de la informalidad laboral le fueron suspendidas las actividades por parte de sus empleadores, debido a que le hicieron campaña a Gustavo Petro y Francia Márquez.
Hay que recordar que todas estas acciones son ilegales. En primer lugar vulneran derechos fundamentales como el trabajo y la libertad de opinar y participar en los asuntos políticos; por esta razón, las personas afectadas podrían interponer una demanda de tutela para que le protejan sus derechos. En segundo lugar, violan el Código Sustantivo del Trabajo que prohibe a los empleadores imponer obligaciones políticas o religiosas a sus trabajadores; entonces, se puede poner una queja en las Oficinas del Ministerio de Trabajo - Inspección, Vigilancia y Control, para que se tomen las medidas correctivas, que pueden acarrear sanciones de hasta 5 mil salarios mínimos legales. En tercer lugar, incurren en el delito de constreñimiento al elector, pues quebrantan el artículo 387 del Código Penal, lo que es denunciable ante la Fiscalía y puede ser penalizado con 4 a 8 años de cárcel.
La retaliación, persecusión, hostigamiento, acoso o despido del puesto de trabajo son violaciones a los Derechos Humanos. Las mujeres y hombres trabajadores de este país no podemos permitir que siga reinando la injusticia, por lo que les invitamos a denunciar. Como Central Unitaria de los Trabajadores estaremos prestos a acompañar estos procesos, pues estamos convencidos de que la lucha es #HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre.
*Imagen tomada del la cuenta en la red social Twitter de @sergioaraujoc
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