LA POLÍTICA POR ENCIMA DE LA VERDAD

Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander

23 de agosto de 2021

De los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos cometidos por agentes estatales y que hoy día se conocen como “Falsos Positivos”, la mayor parte ocurrieron en el 2007. Curiosamente para este año, ya se había surtido el proceso de desmovilización de las grandes estructuras paramilitares reunidas durante un tiempo en las AUC y que accedieron a la “Ley de Justicia y Paz” para recibir beneficios jurídicos. Esto quiere decir, que en ese año 2007, apenas aparentemente desmontada la maquinaria de guerra paramilitar, ocurrió la mayor cantidad de crímenes atroces bajo esta modalidad, con lo que cualquiera podría concluir que el problema no se había resuelto, como sigue sin resolverse.

Desde 2002, y hasta 2010, el jefe del Estado era Álvaro Uribe Vélez, su Ministro de Defensa en 2007 era Juan Manuel Santos y el Comandante del Ejército, el general Mario Montoya Uribe. Como jefes de una fuerza armada, estas personas tenían el deber de dirigir y asegurarse que en el desarrollo de sus funciones, respetaran la ley y los Derechos Humanos, en el entendido de que estos son inamovibles. Sin embargo, sus subalternos hicieron sistemáticamente todo lo que no debían, montaron un negocio de muerte, y ellos, los jefes de esa fuerza, no hicieron nada durante muchos años; al contrario, les entregaron un marco jurídico y un conjunto de órdenes que facilitaron la ocurrencia de los “Falsos Positivos” mediante el sistema de recompensas por resultados, reconocida por el propio expresidente Santos en su comparecencia ante la Comisión de la Verdad, llamada la “Doctrina Vietnam” caracterizada por el llamado “body count”.

Entonces el problema de fondo del conflicto no eran solo los paramilitares, sino los grupos de poder político y empresarial “respetables” quienes promovieron, organizaron, financiaron y se beneficiaron del terror y de una doctrina militar basada en la construcción de un enemigo interno, representado en amplios sectores de la población, sobre todo pobre y campesina. Por esto, cuando un sector de la clase dominante quiso implementar una salida dialogada con las FARC-EP, se opusieron, pues le temían al escrutinio público que develara las responsabilidades e intereses ocultos tras su halo de empresarios y políticos “respetables”.

Para esto, su representación política, encarnada en el partido Centro Democrático, partido Conservador y otros, ha acudido al negacionismo, la anulación y el silenciamiento en donde “los otros” no existen. El Paro no existe, es terrorismo; la ONU no existe, es una organización pro-FARC; la inequidad de género no existe, es una conspiración de Soros; los pueblos indígenas no existen, son “terratenientes”; el conflicto armado no existe, lo que hay es terrorismo… esta es la primera tesis de Alvaro Uribe cuando en días pasados dijo: “No reconozco a la Comisión de la Verdad”. No hicieron nada ante las violaciones de Derechos Humanos, porque para ellos eso no existe, o como decía Carlos Castaño: no son campesinos, son auxiliadores de la guerrilla.

La segunda tesis de Uribe queda plasmada en dos afirmaciones: “la culpa nunca es de quien exigen resultados” y “los soldados me engañaron”. Esta es la orientación que le da a sus amigos empresarios y políticos: lávense las manos y digan que fue culpa de los militares de rango medio y bajo, en concordancia con la frase del ex General Montoya sobre “la ignorancia de los soldados”. Esta “jugadita”, aparte de promover la impunidad, resquebraja las bases del Estado Social de Derecho, pues normaliza la ausencia de control sobre la fuerza armada del Estado. Además, debe ser un campanazo de alerta a los policías y militares que cumplen órdenes, atropellan al pueblo y violan Derechos Humanos: después los van a dejar tirados y con la culpa encima por todos los crímenes cometidos, como en el Paro Nacional 2021.

Un último elemento a resaltar, del diálogo con la Comisión de la Verdad, queda plasmado en el libreto publicado por Uribe previo al encuentro: “el Estado de Opinión (….) es la fase superior del Estado de Derecho”. Y este elemento debe ser analizado con mucho cuidado, porque el Estado de Opinión es la dictadura del pensamiento único, la imposición de un único pensamiento incuestionable, como el que operó en Colombia durante el gobierno de Uribe, con el que este “caudillo” quedó investido de superpoderes suficientes como para romper la división de poderes, la independencia de los órganos de control y la prensa, y en últimas el derecho a la oposición, en resumen la democracia. Cuando los jefes políticos de la fuerza armada del Estado dicen “ojo con el 2022”, lo que dicen es que sienten amenazado su “Estado de Opinión” ante la emergencia de otros pensamientos acerca de la gestión pública.

En conclusión, el diálogo de Uribe con la Comisión de la Verdad se aproximó más al lanzamiento de campaña de las elecciones 2022, hablándole a sus barras bravas, que a un diálogo para aportar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el conflicto armado. Mediante este encuentro, Uribe instruyó a seguidores sobre las tesis fundamentales para las elecciones de 2022, la manera de callar a sus opositores para adoctrinar en ellas y la forma de limpiar su imagen ante la opinión pública.

Esta actitud grosera, chabacana e inspirada en el cálculo político, demuestra que estos jefes, pusieron la política por encima de la verdad. Además, es un campanazo de alerta para las víctimas: es imperativo hacer unidad popular para salvaguardar la dignidad, acceder a justicia, construir verdad y garantizar la no repetición.

Imagen: caricatura de @Matador000