Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
12 de julio de 2021
Las recientes revelaciones del expediente de la Juridicción Especial de Paz (JEP) sobre la operación Berlín, donde agentes estatales habrían cometido crímenes contra menores de edad que hacían parte de la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC-EP, abre la posibilidad de que la región de Soto Norte avance en el conocimiento de la verdad y la apertura de procesos de justicia para todas las víctimas.
La guerra ha sido el motor de la economía en repetidas ocasiones en la historia humana. Por eso, la distribución y uso de la tierra, es uno de los puntos cruciales del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Por lo mismo, la Comisión de la Verdad ha podido evidenciar la manera como algunas empresas del gremio palmero, bananero, ganadero y agroindustrial se beneficiaron de la guerra.
Lo mismo ocurre con la región del Páramo de Santurbán cuyos pobladores cuentan con una tradición minera y agropecuaria milenaria. A sus tierras habían llegado desde la época de la Colonia españoles, ingleses, japoneses, franceses y muchos otros grupos de extranjeros detrás del oro de sus entrañas. La pequeña y mediana minería, en su mayoría artesanal, había primado, hasta que pasado el año 2.000 se instalaron multinacionales como Greystar y Leyhat.
¿Por qué sólo hasta esta fecha ingresan y se asientan las compañías multinacionales? La respuesta la tiene el documento “Aportes a la delimitación del páramo”, estudio elaborado por el Instituto Alexander von Humboldt en el año 2014:
“Este crecimiento minero coincidió con las acciones en la zona de grupos insurgentes como las FARC-EP y el ELN, (Trujillo 2012), que se tomaron varios centros urbanos y que luego fueron combatidas por el Gobierno, a través de una serie de operaciones militares (Operación Berlín, establecimiento del Batallón Laches). Al inicio del siglo XXI, con el dominio militar, entraron a la región numerosas empresas multinacionales, que compraron títulos y tierras a propietarios locales.” (p.20)
Ahora que se empieza a descubrir la verdad sobre los horrores de la acción de grupos armados legales e ilegales en la zona se hace necesario establecer toda la verdad acerca de qué gremios económicos se beneficiaron con las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidos en la operación Berlín y otras. Lo evidente ahora es que gracias a esas cuestionadas operaciones las multinacionales ingresaron para después apropiarse de tierras y títulos mineros. También es claro que antes de la barbarie de la guerra, la población hacía pequeña minería en sus propias tierras y tenía su producción agropecuaria; después, llegaron las multinacionales mineras y la población pasó a ser empleada de estas compañías.
En la próxima entrega de esta columna compartiremos un testimonio proporcionado por la comunidad de Soto Norte sobre el asesinato y tortura de menores de edad a manos del Ejército en la época de las operaciones militares; así como otro testimonio relacionado con el despojo de tierras y pérdida de títulos mineros de pobladores locales en contextos de violencia.
La comunidad sólo pide justicia, toda la verdad y garantías de no repetición.
Foto: elespectador.com.co
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