Este 18 de enero se conmemoran 35 años de impunidad en el caso de la Masacre de La Rochela donde paramilitares, militares y agentes estatales actuaron de forma articulada para asesinar a 25 funcionarios judiciales que investigaban violaciones de Derechos Humanos en la región del Magdalena Medio.
18 de enero de 2023
Hace 35 años, el 18 de enero de 1989, el Magdalena Medio colombiano se vio sacudido por un acto de violencia que aún resuena en la memoria de quienes defienden la justicia y los derechos fundamentales. La Masacre de La Rochela, un capítulo oscuro en la historia del país, marcó un hito que, a pesar de los años transcurridos, sigue generando reflexiones profundas sobre la impunidad y la vulnerabilidad del sistema judicial.
Este sombrío episodio se inserta en el contexto de un conflicto armado que dejó cicatrices indelebles en la nación durante la segunda mitad del siglo XX. Las décadas de los 80 y posteriores fueron testigos de una violencia desmedida donde la región del Magdalena Medio fue epicentro al convertirse en un terreno de alta conflictividad, marcado por la ausencia del Estado y la presencia de grupos violentos narco-paramilitares que operaron con su complicidad.
La Masacre de La Rochela, ocurrida en esta región estratégica, fue un acto de barbarie perpetrado por un proyecto paramilitar que operaba con el respaldo de agentes estatales, narcotraficantes y gremios económicos. Este proyecto, surgido en la subregión de Puerto Boyacá, consolidó un poder paralelo al Estado, gestando un entorno donde la impunidad y la violencia eran moneda corriente. La región, rica en recursos naturales y objeto de proyectos de explotación, se convirtió en un campo de batalla donde la vida y la seguridad estaban en constante peligro.
La Masacre de La Rochela fue el trágico desenlace de una serie de eventos. Una Comisión Judicial, creada para investigar violaciones a los Derechos Humanos en la región, se convirtió en blanco de un grupo paramilitar denominado "Los Masetos". Con complicidad de agentes estatales, políticos, ganaderos y narcotraficantes, se llevó a cabo esta masacre para evitar investigaciones y sembrar el terror en la región. Quince miembros de la Comisión Judicial fueron detenidos, interrogados y finalmente ejecutados en una muestra brutal de la impunidad que reinaba en la zona.
Este acto atroz destaca el abandono estatal que sufrían los operadores de justicia en ese momento. La falta de seguridad para los funcionarios judiciales, enviados a una zona de alto riesgo, revela una negligencia por parte de la administración de la Rama Judicial. El temor palpable de los funcionarios, las peticiones ignoradas de aplazamiento y el desamparo en el que se encontraban ilustran un panorama desolador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2007, emitió una sentencia contundente, estableciendo la responsabilidad del Estado colombiano y ordenando medidas para salvaguardar el derecho al acceso a la justicia y la seguridad de los operadores judiciales.
La Masacre de La Rochela es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de la justicia y la impunidad que aún persiste. Las violaciones a los Derechos Humanos, la desaparición forzada y las presiones de poderosos actores han intentado socavar la labor de la justicia en Colombia. En este caso y otros, el Estado colombiano ha sido señalado por su omisión, perpetuando un estado de orfandad que los trabajadores de la justicia denuncian como un problema grave que debilita la administración de justicia en el país.
A 35 años de la Masacre de La Rochela, es imperativo reflexionar sobre la urgencia de romper con la impunidad. La sentencia de la Corte Interamericana debe ser un llamado a la acción, recordándonos que el Estado no puede desentenderse de sus obligaciones con la justicia y mucho menos facilitar la operación de grupos paramilitares en alianza con agentes estatales, para sembrar el terror. Los operadores judiciales ofrecen sus vidas y seguridad en aras de cumplir con la misión que la Constitución y la ley les confían, y es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para que puedan hacerlo sin temor.
En este aniversario sombrío, rendimos homenaje a las víctimas de La Rochela y renovamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Exigimos que se rompa el ciclo de impunidad que ha caracterizado este caso y otros similares. La memoria de La Rochela debe ser un faro que ilumine el camino hacia un sistema judicial fuerte, independiente y capaz de enfrentar los desafíos de un pasado marcado por el terrorismo de Estado. Que la justicia sea el legado que construyamos sobre el dolor de aquellos que perdieron la vida en La Rochela hace 35 años.
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