Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
26 de julio de 2021
La pandemia del Covid-19 desnudó el alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las grandes mayorías de Colombia. La emergencia social actual no es por un virus, sino la acumulación de 30 años de neoliberalismo con el ingrediente especial en Colombia de violencia y desigualdades sin par en otro lugar del mundo.
Esa emergencia social desató el estallido social, aunque el gobierno de Uribe/Duque quiera convencer a la comunidad internacional y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de que todo es producto de un plan para generar caos y destruir las instituciones. El ejecutivo no ha querido dialogar, pues esta élite no entiende de diálogo ni solución negociada a los conflictos, recordemos lo de “hacer trizas los acuerdos”. El Congreso, con unas mayorías afines a dicho sector gobernante, ha quedado al mismo tiempo en evidencia como una entidad ilegítima e incapaz de reflejar las aspiraciones de las mayorías nacionales.
Y esto era de esperarse, si se tiene en cuenta la naturaleza del bloque político-económico encabezado por Uribe/Duque: ¿cuándo se ha visto que los narcotraficantes y mafiosos gusten del diálogo y la democracia?
Por eso, el gobierno nunca acude a las mesas de diálogo con manifestantes o movimiento social, o si lo hace es para dilatar y luego incumplir. Los rectores de la política pública en Colombia desconocen que es necesario construir consensos sociales y diálogo directo con el pueblo para gestionar temas como Derechos Humanos, seguridad pública, conflictos sociales, educación, salud, juventud, género, política fiscal, entre otros.
En 2019 se presentó al gobierno un pliego de emergencia, pero no pasó nada. Después vino un primer paro nacional y tampoco hubo respuesta. Luego, hubo un estallido social en 2020 contra la violencia policial y desatendieron los reclamos. Ahora en 2021 el Paro Nacional expresa con contundencia una serie de exigencias, ante las que tampoco hay respuesta.
El Código QR y el cambio de uniforme de la Policía Nacional no resuelve el problema doctrinario de fondo; la institución policial y las Fuerzas Militares en Colombia se han formado históricamente como guerreros violadores de Derechos Humanos y enemigos de la protesta ciudadana.
Los subsidios pírricos de 160 mil pesos del programa Ingreso Solidario no alcanzan ni para comprar un almuerzo diario para una persona; se ha evadido el reparto de la tierra, el acceso al crédito y la redistribución de la riqueza como mecanismos de combate a la pobreza urbana y rural que llegó a 42% en 2020.
La crisis del sistema de salud la han aprovechado para contratar de manera irregular y beneficiar carteles; mientras tanto los trabajadores de la salud trabajan sin salarios dignos ni condiciones de protección adecuadas, y los usuarios mueren esperando las UCI.
Como el gobierno y el congreso da la espalda al país, el Comité de Paro ha presentado 10 proyectos de Ley con el respaldo de la oposición y otras bancadas sobre los temas urgentes que requiere el país:
- Renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares;
- gratuidad universal para todas y todos los estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matricula cero;
- fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia;
- apoyos para la reactivación económica de las MiPymes y la generación de empleo;
- apoyos para la reactivación del sector agropecuario;
- derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social;
- acciones promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica;
- reforma al estatuto de juventud (ley 1622 de 2013), para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud;
- y la reforma a la policía.”
Es muy posible que las mayorías en el Congreso impidan el trámite de estas iniciativas, y entonces se validará una vez más la movilización ciudadana como último mecanismo de salvación del pueblo. Entonces la resistencia a la negligencia e indolencia del gobierno Uribe/Duque no es un capricho, sino un acto de defensa de la vida, la dignidad humana y los Derechos Humanos.
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Foto: desdeabajo.info
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