Columna de opinión de la presidenta de la CUT Santander - Nohora Stella Villamizar Rivera
11 de diciembre de 2023
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El debate en torno al decreto 1844 de 2018, derogado por el presidente Petro, ha desatado una marejada de desinformación. Desmontemos mitos y enfoquémonos en la realidad. Este decreto no libera el tráfico ni la distribución de estupefacientes, como algunos intentan hacernos creer. Su esencia reside en quitar la multa impuesta por Duque al porte de dosis mínima, un matiz esencial.
Se ha tejido una narrativa falaz, sugiriendo que esta medida favorece al jíbaro y al narcotraficante. La verdad es que el decreto de Duque fomenta las ventas ilícitas al destruir la dosis personal, forzando al consumidor a adquirir más. ¿La solución? Educar desde la base, brindar amor y atacar las causas subyacentes del consumo, como las carencias afectivas y el entorno.
La Policía, ¿no debería centrarse en criminales, sicarios y corruptos en lugar de perseguir a quienes, en su mayoría, no generan problemas? ¿Por qué seguir castigando a los consumidores con multas que los sumen en deudas impagables ante el Estado?
Además, surge la idea de que esta es la primera piedra para la legalización de la marihuana. Pero aquí está la realidad: existe un proyecto de acto legislativo buscando su regulación. ¿Por qué? Porque la guerra contra las drogas, con su enfoque prohibicionista, es un fracaso. La regulación estatal despoja al narco de su negocio y garantiza un producto de calidad, mientras mejora la salud del consumidor.
Petro cumple su promesa de campaña al dejar de perseguir a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: los cultivadores y los consumidores. La persecución ahora se concentra en transportadores y dueños de la droga, evidenciado por el aumento del 30% en decomisos y destrucción de laboratorios. Así, se avanza hacia una política más sensata y efectiva.
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