La campaña presidencial que termina el 29 de mayo se ha caracterizado por maniobras peligrosas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los competidores y la mirada cómplice del gobierno Duque/Uribe; los funcionarios y agentes estatales no pueden participar en política y mucho menos ser permisivos con violaciones de Derechos Humanos que violentan los Derechos Políticos de las candidaturas alternativas.
Columna de opinión del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
9 de mayo de 2022
La actual campaña presidencial ha dejado al descubierto la peor cara de todas en cuanto a la cultura política y la manera como practican la democracia aquellos grupos de poder que en la actualidad tienen el control del Estado, los medios de comunicación y las fuerzas militares legales e ilegales.
En días pasados, la campaña presidencial de la oposición, que es además la primera en todas las encuestas de intención de voto, denunció un plan para asesinar al candidato Gustavo Petro, en el que estaban implicados paramilitares de la banda “La Cordillera” cuya actuación es recordada en el Eje Cafetero por estar relacionados con el asesinato de Lucas Villa en el Paro Nacional 2021.
La mayoría de influencers amigos del gobierno, algunos periodistas de los grandes medios y hasta el propio gobierno Duque/Uribe desestimaron las denuncias, como si la tradición en Colombia no fuera matar a los candidatos alternativos al régimen, como lo hicieron con Galán, Pizarro, Gómez, Pardo, Gaitán y Jaramillo.
La democracia en Colombia agoniza desde su propio nacimiento, por las prácticas de las élites violentas que no dudan en recurrir a la fuerza de las armas para ahogar en sangre los anhelos de cambio. Ellas no saben (o saben y no les importa) que actuando así quedan ante el mundo como la dirigencia más arcaica del continente, pues en la práctica desconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Convención Americana, así como decenas de tratados internacionales más y la jurisprudencia de las Cortes internacionales, instrumentos que reconocen y dejan en claro que ningún Estado permitirá que se impida el derecho de participar en política de nadie ni mucho menos, que se coaccione y menos que se asesine a alguien por sus planteamientos políticos o por ser candidato en unas elecciones.
La élite en el poder no sabe de Derechos Humanos, ni de democracia. Para ellos, la democracia es que puedan hacer una campaña sucia, como cuando el Fiscal General, Francisco Barbosa, emita opiniones en contra del candidato de la oposición, lo mismo que Zapateiro, el comandante de las Fuerzas Militares, y el propio presidente Duque.
El enfoque de Derechos Humanos nos previene de la barbarie, por eso es tan importante que las actuaciones de funcionarios públicos y agentes estatales prioricen su respeto; además que esto es un deber internacional del Estado colombiano. En lugar de dedicarse a emitir juicios que favorecen a uno de los candidatos, el gobierno Duque/Uribe y las Fuerzas Militares deberían evitar los confinamientos, asesinatos, secuestros, torturas y acciones terroristas del grupo paramilitar Los Urabeños que en este momento ejercen impunemente en más de 9 departamentos de Colombia.
Foto: BBC
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