Columna de opinión Semanal del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Santander
26 de abril de 2021
El 22 de abril, la canciller de Colombia, Claudia Bloom, pidió a la ONU que reconozca la existencia de disidencias de las FARC como un incumplimiento de los acuerdos por parte de los exguerrilleros desmovilizados. Al día siguiente, 23 de abril, eran asesinados Mayiber Tapias, Luis Fernando Cordoba, Adolfo Rodriguez y Jhon Sebastián Ávila, con quienes se completa una lista de 267 firmantes del acuerdo muertos.
Esta situación es grave, pues como manifestó Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, “estos homicidios impiden el completo ejercicio del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición”. Teniendo en cuenta que el 92% de los asesinados habían comparecido ante la JEP, ¿quién va a seguir acudiendo a dichos tribunales? ¿Cuál verdad, justicia y reparación son posibles si asesinan a quienes fueron actores del conflicto?
Sumado a esto, otro grave incumplimiento es el tratamiento del problema del narcotráfico. En las regiones reaparecieron ejércitos regionales con capacidad para imponer su ley; basta mirar el caso de Cúcuta, una de las ciudades principales del país, en cuya área rural se asentó un ejército del Clan del Golfo que atravesó medio país desde Urabá sin que ninguna autoridad hiciera nada.
El poder narcotraficante y el clima de violencia e impunidad son una grave amenaza para los Derechos Humanos y explican en buena medida el asesinato de líderes sociales, las desapariciones y torturas, las cuales no paran en Buenaventura, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó, el Bajo Cauca y otras regiones.
Por ejemplo, el 21 de abril, fue asesinada la Gobernadora indígena Sandra Liliana Peña; días después en la Minga Hacia Adentro para sacar a los narcos del territorio, 32 indígenas fueron heridos a disparos; todo esto sin que el gobierno haga nada por protegerlos.
En Colombia hay una bomba de tiempo que amenaza los Derechos Humanos en las regiones rurales y agudiza la inseguridad en las ciudades, gracias al matrimonio vigente entre políticos y narcos.
Desafortunadamente esa bomba de tiempo no la puede desactivar el gobierno Duque porque él se eligió con apoyo de los narcos (véase "Ñeñepolítica") y porque su modelo económico sólo tiene futuro gracias a la plata del narcotráfico.
Por eso el Paro Nacional de este 28 de abril también es para evitar que esta mezcla de política y narcotráfico siga matando más colombianos, por el respeto a los Derechos Humanos y contra la mafia que nos gobierna y su Reforma Tributaria.
Foto: santamartaaldia.co
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