1 de marzo de 2021
El 23 de febrero Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el informe anual de situación de Derechos Humanos en Colombia que prendió las alarmas sobre 76 masacres registradas en 2020, llegando a ser el año con más masacres desde 2014; y reiteró que la mayorÃa de casos están relacionados con el abandono estatal.
La delegada remarcó la preocupación de ONU por amenazas y agresiones contra defensoras y defensores de Derechos Humanos, y referencia 248 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP desarmados tras los acuerdos de paz. Pero también, para la ONU, son graves los hechos ocurridos en protestas sociales, especialmente en Bogotá donde registraron 12 asesinatos y 581 personas heridas, 69 debido a arma de fuego; en 2020, miembros de la fuerza pública están relacionados con 73 asesinatos de personas (¿ejecuciones extrajudiciales?)
La ONU ve positivos avances en la implementación de los acuerdos de Paz entre el Estado y las FARC-EP, como la JEP y la Comisión de la Verdad, por lo que afirma que su posible eliminación “es una seria amenaza a los derechos de las vÃctimas”. ¿Quién podrÃa estar interesado en que no se sepa la verdad acerca de los hechos ocurridos en el marco del conflicto?
En Santander, por ejemplo, la deuda con la verdad es gigantesca. Cada provincia tiene preguntas como: ¿qué pasó con los responsables de los descuartizamientos en la provincia de GarcÃa Rovira en municipios como Capitanejo? ¿Qué pasó las vÃctimas de tortura, desaparición forzada, montajes y detenciones ilegales en el marco de la operación BerlÃn realizada por el Ejército en el Páramo de Santurbán en el año 2.000? ¿Es cierto que esa violencia permitió despojo de tierras y tÃtulos mineros que luego pasaron a manos de multinacionales? ¿Qué pasó con los polÃticos que permitieron que grupos paramilitares se asentaran en el corregimiento Riachuelo (Charalá) y cometieran crÃmenes sexuales contra menores de edad? ¿Qué hay del acaparamiento de tierras y exterminio sindical ocurrido en los 80 y 90 en San Alberto, Puerto Wilches y Sabana de Torres que benefició a la industria palmera y ganadera?
Desde las organizaciones sindicales estamos en primera lÃnea de defensa de la verdad, porque además nos asiste el derecho de saber qué pasó con nuestros lÃderes desaparecidos y asesinados en los últimos 40 años.
Departamento de Derechos Humanos CUT Santander
Redes CUT