“estamos exigiendo nuestros derechos, somos agente educativas pidiendo y exigiendo por favor nuestros derechos a nuestro operador SAC, llevamos 2 meses y medio sin salario, sin prestaciones sociales incluyendo salud, pensión y ARL”
En Piedecuesta, Santander, en plena pandemia, sin recursos, 48 mujeres madres comunitarias denuncian incumplimientos por parte del operador Fundación SAC de Colombia. Las lideresas denuncian: “estamos exigiendo nuestros derechos, somos agente educativas pidiendo y exigiendo por favor nuestros derechos a nuestro operador SAC, llevamos 2 meses y medio sin salario, sin prestaciones sociales incluyendo salud, pensión y ARL”. Estas mujeres se encuentran indignadas, pues en plena situación de crisis, no entienden cómo les estén haciendo pasar por tan mala situación.
Muchas de estas mujeres trabajadoras son mayores de 60 años y están pasando por una delicada situación debido a los incumplimientos del operador. Casi todas ellas son mujeres cabeza de familia y las que tienen compañeros no tienen trabajo por la crisis actual. La situación es grave, pues como ellas explican: “nuestros niños y nosotras desafiliadas al seguro social, es terrible la situación que se está viviendo actualmente, somos 48 empleados que no tenemos ni sueldo ni seguridad social, es más no hemos recibido dotación.”
El ICBF tiene como una de sus funciones “ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento de la familia y protección al menor de edad, coordinar su acción con otros organismos públicos y privados e integrar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar” (Decreto 2388 de 1979) Lo central de su función es tomar las acciones necesarias para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero como se ve en este caso, es poco o nada lo que hacen para cumplir con sus deberes y garantizar condiciones justas de trabajo a las mujeres madres comunitarias.
Por estas razones, el Sindicato de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional del Bienestar Familiar SINTRACIHOBI, reclama el cumplimiento de las obligaciones del operador Fundación SAC de Colombia. Los recursos del ICBF son del pueblo de Colombia, no es justo que se reciban por parte de los operadores y no sean garantizados los mínimos para que las madres comunitarias puedan cumplir con su trabajo.
La Fundación SAC de Colombia no cumple con sus deberes
¿Pero por qué a pesar de denuncias e irregularidades el ICBF sigue contratando con Fundación SAC de Colombia?
La “Fundación de Profesionales al servicio de la seguridad alimentaria de Colombia – SAC de Colombia” identificada con NIT 830.120.535 aparece registrada en el Banco Nacional de Oferentes para la prestación del servicio público de Bienestar Familiar, con una capacidad operativa de 12.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Esta organización surtió en el año 2019 un proceso de verificación de requisitos habilitantes, el cual incluyó una verificación técnica, financiera y jurídica quedando habilitada para operar los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un monto equivalente a $10.533’636.000 pesos de 2020.
Esta organización se encuentra ubicada en la bodega 6 del Parque Industrial Garibaldi en el Kilómetro 6 de la vía que va hacia el municipio de Girón, Santander; su representante legal es Andrea Carolina Castro Fernández. Sin embargo, quien realmente está detrás de esta Fundación es el abogado de nombre Mario Rafael Chica Meza quien fue Representante Legal de la Fundación SAC de Colombia con la cual participó de la operación del PAE en Floridablanca, así como también lo hizo como gerente administrativo y operativo de la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa (Fuente: https://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-enganosa-defensa-al-pae-de-floridablanca-65501)
¿Pero qué tienen en común Mario Rafael Chica Meza, la Fundación SAC de Colombia y la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa? Mario Rafael Chica Meza es empleado del Grupo de Fundaciones, Corporaciones y Empresas de propiedad del grupo familiar Torrado:
“Mario Rafael Chica, un abogado cartagenero, que se dio a conocer en el sector de los refrigerios escolares como empleado de los hermanos Torrado (dos políticos que han sido señalados de estar detrás del carrusel de la alimentación escolar), desde que arrancó la administración de Héctor Mantilla pasó de ser un desconocido en Floridablanca a uno de los super-contratistas de ese municipio.” (Fuente: https://lasillavacia.com/historia/chica-el-superpoderoso-del-pae-en-floridablanca-60822):
El grupo Torrado es una poderosa familia de políticos con millonarias contrataciones, que en 2010 y 2011 se quedó con 1 de cada 4 pesos que contrató el ICBF. En 2010, este grupo concentró 1 de cada 3 pesos de todos los contratos adjudicados a dedo por la directora del ICBF en convenios para alimentación de adultos mayores. El periodista Daniel Coronell publica en semana la investigación sobre este grupo de contratistas y políticos y encuentra que: “Los favorecidos son miembros de la familia del senador Efraín Torrado y su hermano el concejal de Bogotá Édgar Alfonso Torrado. Dos prósperos dirigentes cuyos nombres aparecen en los documentos de conformación de algunas de las empresas del grupo” (Fuente: https://www.semana.com/opinion/articulo/el-carrusel-torrado/248527-3/ )
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El portal La Silla Vacía define al grupo Torrado así: “grupo empresarial de los políticos Efraín Torrado, el ex senador de La U y Édgar Torrado, ex concejal de Bogotá, que están siendo investigados por haber sido parte del carrusel de contratación de Samuel Moreno en Bogotá y haberse favorecido irregularmente con contratos por más de $162 mil millones entre 2006 y 2011 para el suministro de alimentos escolares.” (Fuente: https://lasillavacia.com/historia/los-due-os-de-la-alimentaci-n-escolar-en-santander-55836)
El grupo empresarial Torrado está rodeado de irregularidades
Las irregularidades de las empresas, fundaciones y corporaciones del grupo Torrado son recurrentes en detrimento de las niñas, niños y adolescentes de Colombia:
- “Presuntas irregularidades en contrato para alimentación escolar con la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa en el departamento de Sucre, por incumplimiento en las entregas de las raciones de alimentos. Según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.”
- “En 2016 la Corporación Tanai Jawa ha suscrito tres contratos por valor de $26 mil millones, dos con la Gobernación de Norte de Santander y uno con la Alcaldía de Floridablanca.”
- “El representante legal actual de Tanai jawal David Enrique Conde Calderón, aparece también como representante legal de la Unión temporal líder cordillera 2015 entidad encargada de adjudicar la alimentación en Caldas donde también han presentado presuntas irregularidades, por entrega de comida en descomposición, según denuncias en medios de comunicación.” (Fuente: https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/132525/ESTUDIO_CONTRATACION_ESALES.pdf)
- En 2016 fundaciones y corporaciones vinculadas grupo Torrado se quedaron con buena parte de la contratación del PAE en Santander y Norte de Santander. (Fuente: https://lasillavacia.com/historia/los-due-os-de-la-alimentaci-n-escolar-en-santander-55836)
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