Estos líderes amenazados han manifestado su rechazo a la implementación del Fracking, y precisamente ahora los amenazan, justo cuando el gobierno nacional acaba de anunciar que van a empezar a hacer Fracking.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT- Santander, manifiesta su enérgico rechazo y profunda indignación frente a las amenazas del supuesto "Bloque Magdalena Medio de las Águilas Negras" al Personero de Puerto Wilches, dos concejales de ese municipio, un representante a la cámara y líderes socio-ambientales de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio.
Estas mujeres y hombres han ejercido una labor importante de control social frente al desarrollo de diversos proyectos de minería, petróleo y extracción de bienes naturales en toda la región. Su liderazgo ha servido para denunciar irregularidades en asuntos como la contaminación de ríos, quebradas, ciénagas, problemas de basuras y la destrucción de la naturaleza por cuenta de actividades económicas de grandes empresas.
La sociedad sabe que detrás de estas amenazas siempre hay grupos de poder económico y político que por lo general sienten incomodidad cuando la ciudadanía hace veeduría y control social a las problemáticas ambientales. Estos líderes amenazados han manifestado su rechazo a la implementación del Fracking, y precisamente ahora los amenazan, justo cuando el gobierno nacional acaba de anunciar que van a empezar a hacer Fracking.
Grupos paramilitares y bandas criminales vienen sembrando el terror en las regiones y procesos para callar las voces de quienes se oponen a las políticas del gobierno Duque, las cuales sólo benefician a las trasnacionales, terratenientes y redes de corrupción.
Es muy preocupante que las autoridades legalmente constituidas no tengan respuesta frente a todo lo que ocurre; no hay una estrategia clara de garantía de los Derechos Humanos y protección de los liderazgos socio-ambientales. Por el contrario, en el Magdalena Medio el Estado ha actuado violentamente contra los jóvenes y nuevos liderazgos que han levantado su voz, como en casos documentados en Lizama y otros lugares de la región.
Son muchas las denuncias y poco el actuar de los organismos del Estado. Exigimos a la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y el Gobernador de Santander tomar las acciones necesarias para proteger a estas comunidades asegurando sus Derechos Humanos. Llamamos a la Comunidad Internacional a hacer seguimiento a esta situación previniendo graves violaciones a los Derechos Humanos.
Bucaramanga, noviembre 4 de 2020.
Redes CUT